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El Congreso da el visto bueno a las demandas de los jueces

EFE

El pleno del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad un paquete de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que recoge las principales reivindicaciones que llevaron a los jueces a la huelga el pasado 18 de febrero y que mejoran las condiciones laborales de la carrera judicial.

Estas mejoras, que se han introducido en el Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, se tramitarán ahora en el Senado y lo previsto es que puedan entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El proyecto incluye medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los magistrados y otras reivindicaciones que las asociaciones de jueces negociaron con el Ministerio de Justicia.

Así, se elimina el traslado forzoso por ascenso en la carrera judicial, se crean los jueces de adscripción territorial o "jueces volantes" para reducir la interinidad, se equipara el régimen de vacaciones de los magistrados al del resto de los funcionarios públicos y se regula el permiso de excedencia por cuidado de hijos o familiares a cargo.

También se ha aprobado el establecimiento del pago de un depósito previo a la interposición de un recurso, con el doble fin de evitar dilaciones innecesarias de los procesos y además conseguir una recaudación adicional para la modernización de la Administración de Justicia.

En concreto, el 40 por ciento de lo que se recaude a través de estos depósitos se destinará a las Comunidades Autónomas, otro 40 al Ministerio de Justicia y un 20 por ciento a la plataforma informática que asegurará la conectividad entre todos los juzgados y tribunales.

No obstante, CIU, PNV y ERC han expresado sus reservas respecto a este punto de la reforma, al considerar que el total de la recaudación debería ir destinado a las Comunidades Autónomas.

Para el diputado de CiU, Jordi Jané, la forma recaudar dichos depósitos "atenta contra el sistema de reparto de competencias" y vulnera el Estatuto de Cataluña, mientras que Emilio Olabarria, del PNV, ha criticado que en esta ley se regule "de todo", menos la Oficina Judicial, y hasta se haya incluido la nueva limitación de la jurisdicción universal.

Pese a esta discrepancia, el debate que ha tenido lugar hoy en el Congreso, ha puesto de manifiesto el amplio consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios para conseguir mejorar y agilizar la Justicia, que ha sido destacado por los representantes de todas las fuerzas políticas.

El portavoz socialista en esta materia, Julio Villarrubia, se ha felicitado por ese amplio acuerdo y ha destacado que este proyecto junto con las reformas procesales para implantar la oficina judicial, aprobadas el pasado jueves en la Comisión de Justicia, sienta las bases de la necesaria modernización.

Por su parte, la diputada del PP, Dolors Montserrat, coincide en que esto sólo es la "primera piedra" del camino hacia "la Justicia del siglo XXI", que hay que completar con otras medidas.

En este sentido, ha expresado su deseo de que el compromiso del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de invertir 600 millones de euros en los próximos tres años no sea "otra promesa incumplida".

Joan Ridao, de ERC, ha expresado el apoyo global de su grupo a la reforma con "algunas reservas" respecto al reparto de la recaudación por los depósitos previos a los recursos o la falta de adecuación del proyecto a los Estatutos de Autonomía.

Por último, la portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha subrayado también la necesidad de que estas reformas sean acompañadas con una voluntad política de inversión.

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