El pleno del Congreso debate hoy las enmiendas de totalidad que PP, CiU, BNG y UPyD han presentado a los dos proyectos de ley que regulan el nuevo sistema de financiación autonómica, aprobado el pasado mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El nuevo modelo fue apoyado por todas las autonomías gobernadas por los socialistas y por Canarias, Cantabria y la ciudad de Ceuta, mientras que contó con la abstención de las comunidades del PP, y de Melilla.

Según el acuerdo aprobado el 15 de julio en el CPFF, el sistema tendrá cuatro fondos: de garantía de servicios públicos fundamentales -se incluyen sanitarios, educativos y sociales-, de suficiencia global, de cooperación y de competitividad para reducir las diferencias de financiación per cápita.

El nuevo sistema dota de mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal a las autonomías, ya que contarán con una mayor capacidad normativa y un mayor porcentaje de impuestos cedidos: el 50 por 100 del IRPF y el IVA, y el 58 por 100 de los Impuestos Especiales, según el Gobierno.

Además, contará con una cantidad adicional de 11.700 millones de euros.

Para evitar que el nuevo sistema inicie su tramitación parlamentaria, los grupos parlamentarios en el Congreso del PP, CiU, BNG y UPyD, presentaron el pasado día 20 enmiendas de totalidad de los proyectos de ley que regularán el nuevo modelo de financiación.

PP, CiU, BNG y UPyD pretenden devolver al Gobierno el proyecto de ley que regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común y Ceuta y Melilla y modifica determinadas normas tributarias, y el de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

El PP quiere que se retire el nuevo modelo de financiación porque considera que "consagra la desigualdad de los ciudadanos cuando deban recibir prestaciones sociales".

La portavoz de los populares en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado que el nuevo modelo "fomenta la desigualdad entre los españoles" y no tiene "consenso ni transparencia", por lo que "perjudica a los más débiles".

Por su parte, CiU ha justificado su enmienda en el hecho de que el modelo no se corresponde "en absoluto" con lo previsto en el Estatuto de Cataluña, va a perjudicar "notablemente" las economías familiares de los catalanes y rompe la bilateralidad prevista en el Estatuto.

El BNG pide la devolución por entender que el modelo es poco transparente, no refuerza la autonomía financiera de las comunidades y no cuenta con elementos correctores de los desequilibrios territoriales, especialmente en Galicia.

Entre tanto UPyD cree que el nuevo modelo "vacía aún más las ya vacías arcas del Estado", y considera que el nuevo modelo de financiación está definido por el Estatuto de Cataluña y fue con los partidos del tripartito con los que el Gobierno "hizo el acuerdo", extendido luego al resto de comunidades autónomas.