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Consejo de Ministros El Gobierno traspone la directiva europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

España debía aprobar la norma hace más de un año y se encontraba en periodo de ultimátum

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La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, a su llegada a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EFE/Chema Moya

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un Real Decreto de urgencia para aprobar la trasposición de tres directivas europeas, entre las que se encuentra la directiva europea sobre el blanqueo de capitales del año 2015, cuya aprobación por parte de España estaba sometida a un periodo de ultimátum otorgado por la Comisión Europea, ya que los Estados miembros debían trasponerla antes del 26 de junio de 2017.

Hasta el momento, España solo había traspuesto esta directiva de forma parcial, por lo que Bruselas le envió a finales de julio un ultimátum de dos meses bajo la amenaza de llevar al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha lamentado durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el actual Gobierno de Pedro Sánchez (de "clarísima vocación europeísta") encontró "arrugadas en cajones de los ministerios" varias directivas de importancia que no habían sido traspuestas y que, además, ponían a España en riesgo de multa por parte de la Comisión Europea.

El nuevo Gobierno ha encontrado "en los cajones" directivas sin trasponer con el  riesgo de multa por parte de Bruselas

La directiva de blanqueo de capitales ahora aprobada se refiere a la prevención en la utilización del sistema financiero para el blanqueo del capitales y la financiación del terrorismo, luchando contra los flujos de origen ilícito, y modifica la ley española de 2010.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, la nueva norma incrementa los requerimientos de datos de las personas que transfieren fondos de un país de la UE a otro para identificar su origen y combatir, así, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

"Se trata, fundamentalmente, de trabajar con las entidades bancarias, con todas esas instituciones que pueden captar recursos en un país y en otro y cuyo origen no es del todo conocido. Actúa sobre la licitud pidiendo muchísimos más datos de aquella persona que está trasladando esos fondos de un país a otro, de una entidad a otra", ha explicado Celaá.