Tras conocerse el escándalo, el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, emitió ayer un comunicado en el que mostró su "consternación" por unos hechos que "de ser veraces, son inadmisibles para la Iglesia y para la sociedad". La diócesis incide en que el prelado fue informado de lo acontecido por vez primera en la mañana del 3 de mayo, por parte de los superiores de la provincia de los carmelitas descalzos, quienes, por la condición de fraile del carmelita acusado, "son los competentes para cualquier actuación, tanto en foro eclesial como estatal, al no residir ya en la diócesis ni tener ningún ministerio encomendado en la misma".

López Llorente fue informado "de las medidas" que los carmelitas ya habían adoptado "tanto en el ámbito eclesial como civil, así como la colaboración con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos".

El comunicado incide en que el prelado "se une al dolor de la víctima, de sus padres y la familia, y les pide perdón". Y añade: "Un solo caso de abuso por parte de un sacerdote es inaceptable y es motivo de profundo dolor por la víctima, por la infidelidad del sacerdote a su ministerio y por el debilitamiento de la misma Iglesia, llamada a ser santa. Casos como este no pueden poner bajo sospecha poco menos que a todos los sacerdotes, ni la disciplina del celibato por la que se rigen".

El obispado insiste en que la Iglesia "es la institución que ha decidido librar la batalla más clara contra los abusos sexuales de menores, comenzando desde dentro". Finalmente, la diócesis "reconoce la extraordinaria labor" que realizan los carmelitas descalzos y desea que un caso así "no ensombrezca su acción pastoral y la confianza" en ellos.