La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sufrido un varapalo de su tribunal favorito, el Constitucional, que ha decretado que las obras de cierre de la autopista M-50 y los de la carretera radial R-1, proyectos estrella de esta legislatura del Gobierno regional, no son competencia autonómica sino del Estado.

Aguirre llevaba años intentando concretar los proyectos del cierre norte de la M-50 y la nueva carretera R-1. Los planes han sufrido múltiples escollos en forma de encuentros y desencuentros con el Ministerio de Fomento, los alcaldes de la zona y grupos ecologistas. Y el principal de ellos, la falta de financiación para llevarlos adelante.

En marzo pasado, la presidenta madrileña volvió a retomar el asunto sugiriendo la entrada de capital privado en la gestión de estas obras con un sistema de peaje para resarcir sus inversiones.

De momento, el Pleno del Constitucional, en sendas sentencias de fecha 24 de mayo y 5 junio, respectivamente, estima los conflictos de competencias planteados por la Administración General del Estado contra la Comunidad de Madrid, y declara que ambas obras son de interés estatal.

"El desinterés que el Estado pueda mostrar en la construcción a medio plazo del proyecto de cierre de la M-50 al no haber incluido el mismo en el plan estratégico de infraestructuras y transportes 2005-2020, no puede ser invocado por la Comunidad Autónoma para arrogarse una competencia que no le pertenece", argumenta la sentencia.

No obstante, el Tribunal considera que la materia tratada es "especialmente idónea" para establecer fórmulas de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma, pero siempre con "mutuo respeto de las respectivas competencias, que son irrenunciables".

Las sentencias del Constitucional se refieren a resoluciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes de la Comunidad, de 2005 y 2006, que convocaban concursos relativos a la adjudicación de estas obras.

Desde la Comunidad de Madrid, se ha planteado la posibilidad de eludir la falta de competencia cambiando los proyectos empezando por su nombre –el cierre de la M-50 está comenzando a llamarse M-61–. Algo similar hizo Alberto Ruiz-Gallardón cuando era alcalde de Madrid para realizar el soterramiento de la M-30, a la que rebautizó como calle 30. Los tribunales le quitaron la razón pero cuando la decisión ya no tenía efectos prácticas, ya que la obra estaba finalizada y en funcionamiento.

En sus sentencias, y refiriéndose al cambio de denominación de la obra R-1, el Constitucional indica que si se acomete en el mismo corredor o trazado que recomienda el Estado, las dos carreteras serían "incompatibles y redundantes". El Constitucional subraya que "la M-50 constituye una carretera que ha sido construida y puesta en servicio por el Ministerio de Fomento, y aunque es una carretera que discurre íntegramente dentro del territorio de la Comunidad de Madrid, la justificación básica de su interés general se halla en su función de conexión de todas las carreteras de largo recorrido que confluyen en Madrid desde la periferia peninsular".

Y añade: "Si el itinerario de la M-50 se considera de interés general, debemos entender que ese mismo interés general existe cuando se trata de ampliar o de modificar su trazado", como implicaría el caso del cierre norte.

Con estas sentencias, Esperanza Aguirre tiene nuevos motivos para discrepar del Tribunal Constitucional, del que opino, tras acordar la semana pasada la legalización de Sortu, que está compuesto por políticos y no por magistrados, y que habría que pensar en convertirlo en una Sala del Tribunal Supremo.