El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensión de los preceptos de la ley de consultas populares de Cataluña que fueron recurridos por el Gobierno, según ha informado el Alto Tribunal.

El pasado 17 de febrero, el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno contra la citada ley, que permite solicitar al Ejecutivo central la convocatoria de referendos sobre "cuestiones de especial trascendencia política".

Los preceptos impugnados (los artículos del 1 al 30, el 43 y el 45) quedaron entonces en suspenso hasta que se produjera el fallo correspondiente.

Aunque aún no hay fallo, el TC basa su decisión, entre otras consideraciones, en que es necesario obtener la autorización del Estado para convocar una consulta y en que en este momento tampoco hay datos de que se hayan iniciado o pretendan iniciarse los trámites para la convocatoria de la misma.

El TC ha tomado esta decisión tras finalizar el plazo de cinco meses que contempla la Constitución para mantener o levantar la suspensión y una vez escuchadas las alegaciones del Parlament y el Gobierno catalán, así como de la Abogacía del Estado.

El tripartito, con ERC al frente, impulsó la pasada legislatura esta ley con el fin de regular la organización de consultas por la vía del referéndum, que requieren la autorización estatal.

CiU criticó a fondo la iniciativa al considerar que no explotaba las potencialidades del Estatut y se limitaba a regular un tipo de consulta que depende del beneplácito del Gobierno español de turno.

Mientras tanto, el Govern de Mas está preparando una nueva ley de consultas populares que no requerirían pedir permiso al Ejecutivo central.

Ayer mismo, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, aseguró en una interpelación parlamentaria que prevé aprobar "bien pronto" el nuevo proyecto, que "permitirá desplegar en toda su totalidad" el artículo del Estatut alusivo a las consultas populares, declarado "constitucional" en la sentencia del Tribunal Constitucional.