Los partidos políticos tendrán a partir de ahora más facilidades para reclamar los bienes que les fueron incautados durante la Guerra Civil, gracias a la normativa que las Cortes Generales han aprobado hoy.

La Comisión Constitucional de la Cámara Alta ha dado el visto con competencia legislativa delegada a la modificación de la ley de restitución o compensación a los partidos por el "expolio" que sufrieron entre 1936 y 1939, que ha sido votada en contra por el PP.

Con esta nueva normativa, las fuerzas políticas podrán reclamar la titularidad de sus bienes y derechos a pesar de que no dispongan de los datos necesarios para acreditar su propiedad, caso en el que será suficiente cualquier tipo de prueba admitido en derecho.

El senador del PP José Ferrández Otaño ha justificado su negativa argumentado que esta ley concede un "cheque en blanco" al Gobierno para repartir "grandes cantidades de dinero" sin más garantía que la "propia palabra de los partidos políticos".

En su opinión, esta reforma da carta de naturaleza a una "chapuza jurídica" que deja "al libre albedrío" del Consejo de Ministros determinar las fórmulas de restitución "sin pruebas o indicios".

Por el contrario, la senadora socialista Ruth Porta ha subrayado que esta nueva normativa constituye un acto de "justicia histórica" que subsana los defectos de la ley de 1998 que modifica.

Porta ha explicado que, a pesar de su "buena intencionalidad", la aplicación de facto de esa ley era "imposible".

Además, ha replicado a Ferrández que en un robo "a mano armada" como el que sufrieron algunos partidos políticos en la Guerra Civil, "los ladrones no dejaron ni recibos ni pagarés", y le ha recordado que las decisiones del Consejo de Ministros están sometidas al control de las Cortes.