Baltasar Garzón puede caer más o menos simpático. En su carrera judicial ha dado tantos brincos y cabriolas, ha acaparado tanto espacio mediático y su ego se ha mostrado tan desnudo que cualquier ciudadano puede encontrar motivos de agravio en alguna actuación del magistrado estrella.

Resulta mucho más complicado, por muy cazurro que se sea, negar que Garzón ha desempeñado un papel clave en el avance de la Justicia Universal. Así que es probable que se genere una situación de Asombro Universal cuando se confirme que el juez que se atrevió a actuar contra reconocidos asesinos de Chile o Argentina, pierde su plaza de magistrado por iniciar una investigación de los crímenes organizados por no menos reconocidos asesinos en España.

Pero no perdamos la perspectiva. Lo que está en juego no es la carrera de un juez, sino la última imposición del franquismo. Aunque son multitud los apologetas de la Transición que predican un advenimiento modélico de la democracia, lo cierto es que la dictadura se desmontó con sumo cuidado para no molestar al Ejército y a las oligarquías franquistas. Y en ese clima se aprobó en 1977 la Ley de Amnistía, una norma preconstitucional que ahora utiliza como si fueran las tablas de la ley el instructor Luciano Varela, con el único objetivo de cargarse a Garzón.

Otros países también aprobaron leyes de punto final, cuando aún sentían el aliento de los militares en la nuca, y luego tuvieron la valentía de derogarlas. Esa debería ser también la prioridad en España: poner punto final a la Ley de Amnistía. Pero, en cambio, estamos en puertas de que la Justicia confirme que algunas cosas sí que quedaron atadas y bien atadas.