'Seamos todos prudentes y diligentes en ayudar a que se esclarezcan los hechos', dijo ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la sede nacional de su partido en relación a la supuesta trama de espionaje desarrollada por la Comunidad de Madrid. La petición se convirtió en un llamamiento al cese de hostilidades entre la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón que hoy se ven las caras en el I Foro abierto de militantes.

La número dos del PP comenzó ayer la investigación interna de su partido. A media mañana anunció que ya se había reunido con Aguirre y con el responsable de Exterior en el PP, Alfredo Prada, uno de los políticos espiados. También lo había hecho con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, pero no aún con el vicepresidente, Ignacio González.

Cospedal no quiso desvelar ningún detalle de las conversaciones, salvo que la presidenta del PP de Madrid le había asegurado que desconocía la existencia de dicha red de espías. 'Yo la creo, cómo no la voy a creer. Claro que la creo', repitió dejando en cierta forma en entredicho su papel de árbitro en esta historia en la que su cometido es recabar toda la información posible y transmitírsela al Comité de Derechos y Garantías sin pronunciarse. Será este organismo el que se haga cargo en su caso de abrir un expediente disciplinario, o proceder a la suspensión de militancia o a la expulsión.

En el partido son muchos los que se preguntan si Cospedal será capaz de encargarse de esta ardua tarea. Algunos piensan que no tendrá problemas en resolverlo bien porque fue consejera de Transportes e Infraestructuras en la Comunidad de Madrid y aún mantiene sus contactos.

Pero hay quien lo duda. El último escándalo que se recuerda de estas características dentro del PP fue el caso Naseiro. En abril de 1990, Alberto Ruiz Gallardón se convirtió en su instructor. Elaboró varios informes que provocaron la expulsión de unos cuantos aznaristas y que dejaron marcado al ex portavoz del Congreso, Eduardo Zaplana. De aquella época es el código etico del partido, que nunca más fue actualizado y que ha sido suplantado por los estatutos. Ante aquella actuación, muchos se preguntan si Cospedal se atreverá a tanto. Ella afirmó ayer que está dispuesta a hacerlo. Prometió llegar hasta el final para 'proteger la trayectoria intachable' del PP y por respeto a sus militantes, votantes y 'al buen nombre de las personas que han sido presuntamente espiadas'. Además aseguró que su partido será 'absolutamente contundente' y exigirá responsabilidades políticas en un asunto que calificó de 'inaceptable' y 'vergonzante'.

De esta misma forma se había expresado pocas horas antes Mariano Rajoy en Intereconomía Televisión donde confirmó que pensaba actuar 'de forma fulminante, sea quien sea'. La investigación, además abarcará el tiempo 'necesario' aunque la precampaña electoral planee por medio.

La dirigente conservadora añadió que pensaba contar con el testimonio y las explicaciones de 'muchas personas', y no sólo de los afiliados al partido, además de con la colaboración de la Comunidad. Eso sí recordó que el PP no era una 'autoridad judicial ni una instancia policial'. Y que de confirmarse los hechos se los trasladaría a la Fiscalía y autoridades judiciales pertinentes.

Al preguntarle concretamente por la actuación de Ignacio González, quien viajó con un empresario a Suráfrica al que le habría adjudicado un contrato por 33 millones de euros, María Dolores de Cospedal se excusó diciendo que como responsable de esclarecer los hechos no iba a hacer 'comentarios personales sobre ellos'.

Cospedal pidió que no se desatarán más especulaciones y que no se hablara del rol del ministerio de Interior, como había hecho el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons. Explicó que fue un comentario que se produjo 'antes de que se iniciara este procedimiento'.