El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció ayer, tras participar en Zaragoza en la Conferencia Sectorial de Justicia, que el Gobierno va a poner en marcha en el primer trimestre de 2009 un Registro Central de Medidas Penales y Cautelares y Sentencias no firmes.

Este registro supondrá que desde cualquier parte del territorio nacional los jueces y fiscales puedan conocer las causas abiertas de cada acusado.Por su parte, la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, que dijo sentirse 'muy contenta y satisfecha' con el encuentro, manifestó que este registro a nivel nacional tiene 'mucha importancia para evitar situaciones como la que se ha vivido desgraciadamente en Huelva' con el fallecimiento de la pequeña Mari Luz Cortés.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia creará 150 nuevas unidades judiciales el próximo año, según afirmó tras la reunión Fernández Bermejo.

'Es un éxito' que se pueda incrementar el número de unidades judiciales a pesar del marco económico adverso, explicó el ministro en la rueda de prensa posterior a la reunión, aunque con este aumento 'pocas comunidades están de acuerdo'. Este es el caso de Aragón, que había solicitado diez juzgados y en principio se quedará con tres. Las comunidades donde la planta judicial registrará un mayor incremento el próximo año son Andalucía, con 29 unidades; Madrid, con 27, y Catalunya y Valencia, con 23.

Otra de las cuestiones tratadas fue la comarcalización de los juzgados de violencia de género, 'una de las metas del Ministerio', subrayó Fernández Bermejo, de forma que estos juzgados especializados no actúen sólo en su partido judicial sino que pueda extender su competencia a otros. Según Naranjo, esto permitirá 'que no se ponga el territorio por delante de la víctima'.

El ministro y los diez consejeros de Justicia con las competencias transferidas -con la ausencia del consejero de Madrid- repasaron otros planes de modernización en este ámbito, como la nueva Oficina Judicial, que implica 'un cambio sustancial' en la organización y 'mejor distribución' de los recursos, como potenciar la función de los secretarios judiciales.