No la economía, sino los ciudadanos de a pie son las primeras víctimas de la crisis que no remite. En el tercer trimestre del año aumentó un 23,5% el número de familias que suspendió pagos o, como se denomina desde hace algunos años, que entró en concurso de acreedores. Un total de 221 hogares no pudieron soportar más los gastos de cada mes y decidieron pedir a un juez que les permita dejar de pagar a sus acreedores (principalmente, los bancos) hasta acordar con ellos un calendario de pagos.

Si se comparan los datos con los del segundo trimestre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que los concursos de hogares bajaron un 20%, pero hay que tener en cuenta que en el tercer trimestre hay un mes inhábil por vacaciones en los juzgados, que es la fuente de esta estadística.

De momento, la segunda reforma de la Ley Concursal no ha servido para mejorar las condiciones de las familias que entran en suspensión de pagos, ya que deja al futuro Gobierno la tarea pendiente de abordar esas mejoras. Sin embargo, la reforma sí da ventajas a los empresarios.

En cualquier caso, también aumentan las suspensiones de pagos en las empresas. En el tercer trimestre, crecieron un 26%, hasta 1.268 casos. Entre compañías y hogares, hubo 1.489 concursos, un 26% más que hace un año. Una de cada tres compañías afectadas pertenece al sector de la construcción y al mundo de las inmobiliarias, mientras que un 20% son de energía e industria y un 17%, del comercio. La mayoría de las empresas en concurso son pymes y tienen menos de 20 trabajadores.