Crece el clamor de la sociedad para que se reforme la Ley Antitabaco

Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial sin Tabaco, organizaciones sociales, científicas y de pacientes han hecho un llamamiento a la nueva ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, con la esperanza de que reforme la Ley Antitabaco.

El 70 por ciento de los españoles, y hasta la mitad de los fumadores, quieren que se endurezca la normativa con el objeto de que todos los lugares públicos, bares y restaurantes sean espacios libres de humo, según un sondeo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Varias encuestas revelan además que el porcentaje de adictos diarios al tabaco en España se ha estancado en un 24 por ciento, una décima menos que en 2006, cuando por efecto de la entrada en vigor de la normativa el consumo registró un descenso significativo.

También en el informe del Defensor del Pueblo, correspondiente a 2008, llaman la atención las numerosas reclamaciones de ciudadanos que exigen la aprobación de una norma "más restrictiva" y denuncian el incumplimiento de la Ley, tras haber formulado reiteradas quejas.

Médicos y pacientes han hecho público un manifiesto que alberga esta propuesta, suscrito por la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc), el Foro Español de Pacientes (FEP), la Fundación Española del Corazón (FEC) y la Sociedad Española de Neumología Torácica (Separ).

Más allá de que se refuerce la prohibición, demandan que se definan "inequívocamente" las estructuras de vigilancia y el compromiso de los gobiernos autonómicos de hacer cumplir la Ley.

El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), que agrupa a más de cuarenta sociedades científicas, ha pedido, una vez más, que se modifique el patrón de fiscalidad del tabaco para que se eleve el precio final de venta y ha exhortado al Ejecutivo a adecuarse a la propuesta de la Comisión Europea sobre este asunto.

Esta organización alega que la aproximación gradual de la fiscalidad de los cigarrillos a los umbrales que especifica la UE podría suponer, sólo en 2009, una reducción del consumo de 115 millones de cajetillas, con un impacto fiscal de 436 millones de euros por aumento de recaudación de impuestos especiales e IVA.

Los colectivos antitabaco lamentan que en España se comercialice este producto con los precios más bajos del entorno de la UE-15, ya que en este país la cajetilla más económica cuesta 2,65 euros.

El CNPT pide que, al menos, Sanidad imprima en las cajetillas un número de teléfono de ayuda a los fumadores, así como imágenes y mensajes más duros que disuadan del consumo.

De este modo se brindaría la oportunidad a los adictos de una atención personalizada, que abra las puertas a los tratamientos de tipo psicológico y farmacológico.

Actualmente está permitido fumar en restaurantes y bares de menos de 100 metros cuadrados, que suponen el 80 por ciento del total, con lo que los efectos prácticos de la Ley son muy limitados.

De hecho, solo 40.000 de los más de 350.000 establecimientos de ocio existentes en España están libres de humo o con espacios compartimentados para los fumadores.

Cada español mayor de 16 años consume anualmente una media de 2.225 cigarrillos, una cifra muy superior a la media de países europeos como Bélgica (1.763), Alemania (1.495) o Francia (876), e incluso, de Estados Unidos (1.196), según datos aportados por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón.

Tanto jóvenes como mujeres son grupos de especial protección, ya que el 23 por ciento de los chicos adolescentes ya son fumadores, mientras que las chicas han superado este porcentaje y alcanzan un preocupante 33,3 por ciento.

Pese a la presión social, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, no ha variado la postura de su antecesor en el cargo, Bernat Soria, por entender que lo conveniente es que se proceda a una aplicación "más rigurosa" de la legislación.

Jiménez ha insistido en que la Ley Antitabaco, que consiguió eliminar el humo de los lugares de trabajo, lleva "poco tiempo funcionando" y aún no puede ser convenientemente evaluada.

Ha denunciado que algunas reglamentaciones autonómicas, recurridas ante los tribunales, tienen una actitud demasiado laxa en su aplicación, por lo que buscará el diálogo con las Comunidades a fin de que se ajusten a lo estipulado.

La ministra se limitará a promover campañas preventivas y para que los adictos se sometan a tratamientos de desintoxicación, y ha anunciado, como única medida novedosa, la renovación y endurecimiento de las "esquelas" de las cajetillas.