Criticar la Ley de Violencia le cuesta 3.000 euros a una jueza

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con una multa de 3.000 euros por una falta grave a la ex titular del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Santander, María Jesús García Pérez, por unas declaraciones en las que cuestionó la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Así lo ha decidido la comisión disciplinaria del CGPJ por unanimidad, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El Consejo ha decidido elevar a 3.000 euros la sanción inicialmente solicitada por el instructor del expediente, que proponía una multa de 300 euros por una falta grave del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al entender que en sus declaraciones "existe materia suficiente para imponer la multa máxima".

Este artículo establece que es  falta grave "el exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados, procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".

"No sirve para nada"

En octubre del año pasado el CGPJ abrió expediente a García Pérez -actualmente destinada en el juzgado de lo penal número 6 de Bilbao- para investigar si las declaraciones que realizó en una entrevista en El Mundo Hoy en Cantabria eran sancionables.

"Yo soy de los jueces que está en contra de esta ley"

En esa entrevista, la magistrada María Jesús García Pérez hizo afirmaciones tales como: "Yo soy de los jueces que está en contra de esta ley", "la orden de protección no sirve para nada" o "cogí (el Juzgado de Violencia) para tener experiencia y para verlo por dentro".

Sus aseveraciones merecieron la reprobación de distintos colectvos, entre ellos el Observatorio de Violencia Doméstica del CGPJ, cuya ex presidenta Montserrat Comas pidió al Servicio de Inspección de este órgano que le abriera un expediente para determinar si había cometido una falta grave de consideración respecto a los ciudadanos y las instituciones.