Más de 45.000 titulares de productos híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada) de Bankia han sido excluidos del arbitraje, al considerar el auditor encargado de la selección, KPMG, que no reúnen las condiciones para ello. Eso significa que casi una cuarta parte de los minoristas que se acogieron al citado procedimiento no tienen ya otra opción que acudir a la siempre lenta y costosa vía judicial si quieren recuperar su dinero,  salvo que no se hayan deshecho de las acciones que obtuvieron en el canje y las vendan con ganancias.

La criba realizada por KPMG ha concluido cuando apenas falta un mes para el primer aniversario de la apertura del arbitraje, que se inicio el 18 de abril de 2013 y al que se han presentado 182.942 damnificados sobre un total 206.000. Todos ellos tenían a su nombre productos híbridos emitidos por las siete entidades fundadoras de Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja de La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia), con un importe medio de 33.500 euros.

Durante estos once meses, KPMG ha valorado la idoneidad de todas las solicitudes de acuerdo con los requisitos impuestos por el Gobierno y ha emitido opinión favorable sobre 137.476; es decir, algo más del 75%. La Junta Arbitral Nacional, mientras tanto, ha dictado 107.953 laudos, que Bankia asegura haber abonado puntualmente a sus beneficiarios, y (según la información disponible hasta ayer) quedan todavía pendientes de cerrar otros 29.051 expedientes.

En los 45.466 casos que ha rechazado, KPGM entiende que no hubo defectos de comercialización, pese a que tanto las preferentes como la deuda subordinada eran productos financieros muy complejos y a que fueron colocados sobre todo entre pequeños ahorradores. A expensas de lo que decidan los tribunales, esas exclusiones pueden suponer un ahorro de en torno a 1.500 millones de euros para Bankia, que está en la órbita del Estado, pero cuya privatización ha comenzado ya.

De momento, se han dictado dos centenares de sentencias sobre los productos híbridos puestos en circulación por las cajas que en 2011 se integraron Bankia, y más del 80% han sido favorables a los demandantes. Casi todas ellas declaran la nulidad del contrato de inversión al existir un vicio de consentimiento, toda vez que a los clientes no se les facilitó información suficiente para saber lo que en realidad estaban firmando.

Estas emisiones de preferentes y deuda subordinada proporcionaron 6.900 millones de euros, la mayor parte de los cuales fueron a parar a la antigua Caja Madrid, cuyos principales directivos están incursos por ello en la querella que tramita en la Audiencia Nacional el juez Fernando Andreu.