El caso Bashir es ya un proceso político. La Corte Penal Internacional ha hecho su trabajo: ha investigado los presuntos delitos cometidos en Darfur y el miércoles decidió imputar al presidente sudanés, Omar al Bashir, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y emitió una orden internacional de arresto. Hasta que Bashir sea entregado a la CPI, el proceso legal estará hibernando y será en la esfera política internacional en los pasillos del Consejo de Seguridad y cumbres de la Unión Africana (UA) donde se dilucidará el destino del primer jefe de Estado en activo imputado por el tribunal creado en 1998.

La orden de arresto contra Bashir no caduca. Pesará sobre su cabeza el resto de sus días. Le impedirá viajar a un gran número de países. Por ello, los expertos en derechos humanos consideran que acabará aislándole, debilitándole y allanando el camino para su detención, aunque el proceso pueda llevar años.

Según John Norris, fundador del Proyecto Enough, si se tienen en cuenta los casos del presidente serbio, Slobodan Milosevic, y del liberiano Charles Taylor los otros dos jefes de Estado imputados durante su mandato por los tribunales ad hoc de la antigua Yugoslavia y Sierra Leona, respectivamente 'la experiencia demuestra que la Justicia acaba abriéndose paso'.

Con Norris coincide el responsable del programa de Justicia Internacional de la organización Human Rights Watch(HRW), Richard Dicker. 'Tanto en el caso de Milosevic como en el de Taylor, las órdenes de arresto tuvieron un profundo impacto a la hora de marginar y aislar a ambos líderes', explica a Público.

El caso de Taylor guarda similitudes con el de Bashir. Su país, Liberia, había vivido una guerra atroz y estaba en medio de negociaciones de paz. La orden de arresto contra el presidente liberiano fue interpretada por muchos como un impedimento a la paz. El presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, le ofreció asilo político. Taylor vivió unos años en Nigeria; pero cuando Liberia logró suficiente estabilidad ya había sido elegida en elecciones democráticas la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf, Obasanjo no dudó en entregarlo al tribunal especial de Sierra Leona. Hoy, Taylor está siendo juzgado.

Internamente, la orden será usada por los rivales de Bashir. 'Hay fuertes tensiones dentro del Gobierno sudanés. Y, de cara a las elecciones de este año, ¿quién quiere tener como candidato a un presunto criminal de guerra?', afirma John Prendergast, del Proyecto Enough. 'Va a tener que ser muy beligerante para mantener el control interno', opina Norris.

Para estos analistas, la prioridad debe ser hacer presión sobre quienes le apoyan. La UA y la Liga Árabe consideran que la CPI es discriminatoria y se centra sólo en África.

'No hay ningún complot siniestro para juzgar sólo a África', dice David Crane, antiguo fiscal del Tribunal Especial para Sierra Leona. El fiscal Luis Moreno Ocampo investigó las situaciones en la República Democrática de Congo, Uganda y República Centroafricana a petición de los propios gobiernos de esos países. En el caso de Darfur, Ocampo recibió la orden del Consejo de Seguridad de la ONU, el único, aparte de los países miembros, con autoridad para pedir que la CPI se implique en un caso.

Según John Norris, cuando se creó el tribunal para juzgar los crímenes de los Balcanes, 'también hubo una presión muy fuerte sobre Serbia para que entregara a Milosevic'.

El arzobispo surafricano Desmond Tutu ha escrito en el The New York Times que 'la justicia debe estar con las víctimas' y que sostener 'que hay un complot de Occidente es degradante para los africanos'.

Otros han cuestionado por qué la CPI no investiga lo ocurrido en otros conflictos, como Gaza. En realidad, la CPI sólo tiene autoridad para investigar crímenes ocurridos en un estado miembro o, en caso de estados no miembros, si el Consejo de Seguridad de la ONU lo ordena. Israel no es miembro del tribunal, por lo que para que fuera investigado, tendría que ser por mandato del Consejo de Seguridad, algo improbable por el derecho de veto de Estados Unidos.

La segunda gran prioridad de la comunidad internacional, según los expertos consultados, debe ser la firmeza ante posibles agresiones contra la misión híbrida de la ONU y la UA en Darfur (UNAMID).

Bashir ha dejado claro que hace responsable a la ONU de su imputación, pues fue el Consejo de Seguridad el que ordenó a la CPI investigarle. El número de incidentes de seguridad contra empleados de ONG aumentó dramáticamente en 2008, con más de 10 trabajadores asesinados.

'Es fundamental hacer llegar a Sudán un mensaje muy claro de que no habrá tolerancia alguna con ataques de represalia contra UNAMID o contra las agencias humanitarias', señala Dicker, de HRW.

Dicker duda de que la UNAMID sea expulsada 'porque ello llevaría a una crisis humanitaria tan desesperada que la atención internacional se desbordaría'.

La investigadora sobre Darfur de la Brookings Institution, Elisabeth Ferris, subraya que a Bashir no le interesa atacar a las ONG, no sólo por el daño que haría a su imagen, 'sino porque la operación humanitaria en Darfur supone 1.000 millones de dólares anuales en ayuda'.