Los trabajadores y trabajadoras de la Televisión de Galicia cumplieron este viernes 18 de marzo doscientas jornadas de protestas del movimiento Venres Negros contra la manipulación informativa en la Televisión de Galicia (TVG) y la Radio Galega (RG), los medios de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG).

Los Venres Negros están convocados por la plataforma Defende a Galega, galardonada en el 2019 con el premio José Couso de Libertad de Prensa que entregan el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol. Defende a Galega aseguró en un comunicado que después de casi cuatro años de protestas, la dirección de la CRTVG, que ejerce Alfonso Sánchez Iquierdo, no ha dado ningún paso "para avanzar hacia unos medios públicos plurales, imparciales y neutrales".

"La RG y la TVG están cada vez más lejos de contribuir a la formación de una opinión pública plural y más atentas a guiarla hacia una opción política concreta", afirman. "Alberto Núñez Feijóo deja Galicia con unos medios públicos al servicio del Partido Popular", añaden los portavoces de la plataforma.

Tanto la oposición como el comité de empresa de la CRTVG han denunciado en numerosas ocasiones no sólo la manipulación de la información en los medios públicos, sino las represalias y el ostracismo al que se ven sometidos los trabajadores que se atreven a denunciarlo o que se significan en las protestas de Defende a Galega.

Uno de los ejemplos más recientes es el de de Carlos Jiménez, locutor de la Radio que denunció a la empresa por abrirle expediente, intentar despedirle primero y sancionarle después, por haberse significado en sus redes sociales en apoyo de Tati Moyano, otra periodista crítica que también había sido represaliada por la dirección, y de que participara en las movilizaciones de Defende a Galega.

El pasado 28 de diciembre, el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago consideró que la dirección había vulnerado los derechos fundamentales de Jiménez a la libertad de expresión y a la tutela judicial. Según la jueza, la sanción que la dirección pretendía imponer a Jiménez estaba "en directa relación causal y también temporal" tanto con las denuncias previas que había planteado contra la CRTVG -la Justicia lo declaró indefinido no fijo del ente tras una larga pelea en los tribunales- como "con la manifestación de su discrepancia periodística respecto a la política informativa de la corporación" y su "activa e intensa participación" en los Venres Negros, que tenían por objeto "la denuncia por parte de diversos trabajadores de la entidad demandada del despliegue por parte de la dirección de la misma de políticas de manipulación informativa".

No es el único caso de persecución de periodistas y trabajadores críticos con la manipulación de la CRTVG en favor de Feijóo y del PP. A otra redactora, delegada de personal y madre de dos niñas, se le negó su derecho a adaptar su horario laboral a sus necesidades de conciliación. El Juzgado de lo Social número 4 de Santiago, primero, y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el pasado 2 de marzo, consideraron también que se había "vulnerado su derecho fundamental a no ser discriminada en razón de su sexo".

El año pasado, un veterano cámara de la casa denunció a la TVG por discriminarle en su carrera profesional por su condición de ex concejal del PSOE y de activista en favor de los derechos del colectivo LGTBI.

Los tribunales han considerado también que la Xunta intentó reventar varias huelgas, como la del 8M, decretando servicios mínimos abusivos en varias empresas e instituciones de la Administración autonómica, como la TVG y la Radio Galega.

Las represalias en la CRTVG son práctica habitual en la estrategia política de Feijóo prácticamente desde su llegada al poder en el 2009. Apenas dos años después, Alfonso Hermida y Ana Pérez, presentadores de los servicios informativos, fueron apartados del especial electoral de las elecciones generales tras haber participado en una huelga contra la ley de medios audiovisuales que proponía el PP.

Años después, en el 2018, Hermida y Tati Moyano dejaron voluntariamente sus puestos de presentadores en el informativo de mayor audiencia para manifestar su discrepancia con las presiones que recibían los periodistas de la casa para ofrecer informaciones manipuladas y sesgadas en favor del Partido Popular y del presidente de la Xunta. La oposición ha llegado a denunciar que una de las directoras de informativos de la TVG fue interventora del Partido Popular en varios procesos electorales.

"Que los trabajadores lleven casi cuatro años y doscientas jornadas de protesta puede parecer que dice mucho en favor de su capacidad de lucha y resistencia, pero lo que define en realidad es la pésima calidad democrática que se vive en la CRTVG, que se ha convertido en un aparato de propaganda del PP", asegura Raquel Lema, responsable de la CUT en el comité de empresa. "Lo que piden los trabajadores de Defende a Galega no es una mejora laboral o salarial, sino que se cumpla lo que dicen las leyes democráticas sobre independencia, transparencia y pluralidad de los medios de comunicación públicos", añade.

Defende a Galega lleva años ofreciendo ejemplos y pruebas de manipulación en los informativos de la CRTVG, como la orden para limitar a cincuenta segundos la noticia de la condena judicial al PP por la trama Gürtel; dar planos sin gente de manifestaciones contra las políticas de la Xunta; no ofrecer información sobre los incendios forestales o no cubrir noticias sobre casos de corrupción del PP. Según fuentes de la plantilla, la escaleta de los informativos -la estructura de cobertura de los telediarios la decide personalmente con frecuencia la secetaria xeral de Medios de la Presidencia de la Xunta y persona de confianza de Feijóo, Mar Sánchez Sierra-.

Los ejemplos más recientes, según el diario digital Praza Pública, han sido la minimización de movilizaciones a favor de la sanidad pública, una emisión de bonos sostenibles de la Xunta que el periodista elogia en un directo en un Telexornal como "la marca de agua de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo" y las declaraciones de una persona citada para vacunarse en una información sobre la covid que resultó ser el director del informativo de mediodía de la TVG.

Público ha tratado de obtener la opinión de la dirección de la CRTVG sobre las denuncias de Defende a Galega, de la oposición y de los sindicatos, pero el departamento de Comunicación de Sánchez Izquierdo no ha querido disponer a ningún portavoz que pudiera ofrecer la versión de la empresa.

A cambio, envió a este diario una resolución de cincuenta páginas de la Valedora do Pobo -institución autonómica equivalente al Defensor del Pueblo a nivel estatal- sobre las denuncias de los trabajadores, en la que la Valedora recomienda a la dirección que atienda sus demandas, y el texto de una intervención de Sánchez Izquierdo en la Comisión de Control de la CRTVG refiriéndose a la citada resolución.