Un 84% de los españoles considera que la Ley de Dependencia ha generado demasiadas expectativas, pero muchas de ellas no se cumplen. Esa es una de las conclusiones más significativas que se extraen de un estudio de la Fundación Caser, un foro de estudio de la dependencia formado por miembros de las administraciones, directivos de entidades bancarias y expertos en dependencia.

No obstante, la encuesta, elaborada a partir de 2.300 entrevistas en toda España, también pone de manifiesto que el 33% de los encuestados valora la mejora que supone el Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia (SAAD). Además, un 44% de ciudadanos considera que la Ley es un ejemplo de innovación social.

La población general es más benevolente que la dependiente a la hora de puntuar las ayudas del SAAD: le da un 5,6 sobre un máximo de 10, mientras que los usuarios del sistema sólo le conceden un 3,8.

Respecto al modo en que se está implantando el sistema, más del 75% de los entrevistados percibe de manera negativa 'la falta de entendimiento entre el Estado y las comunidades autónomas, y su efecto dilatorio para implantar el sistema'.

Un 50% de los entrevistados considera un acierto la delegación de estas competencias

Pese a este amplio porcentaje de encuestados que denuncia las desigualdades derivadas del hecho de que sean las comunidades las que apliquen la norma, un 50% de los entrevistados considera un acierto la delegación de estas competencias.

Según esta encuesta, tres de cada cuatro familias cuentan con una persona dependiente a su cargo. Además, el 52% de los cuidadores tiene algún tipo de parentesco con la persona dependiente. En su mayoría, un 80%, son mujeres.

Estas cifras ratifican los datos oficiales: un 51% de las prestaciones son ayudas económicas a los familiares para que cuiden de sus dependientes. La ley establece que esta prestación sólo se debería conceder en casos excepcionales.