Yo declaro, tú declaras, él declara, nosotros declaramos, vosotros declaráis, todo dios declara. Chaves, Griñán, Arenas. Ante la comisión parlamentaria de investigación del escándalo de los ERE va a tener que declarar todo el que pudo tener algo que ver con el escándalo, pero también todo el que se encontrar a varios despachos a la redonda del mismo. Mejor pasarse que no llegar. Si nos ponemos, nos ponemos. Se va enterar el mundo lo que es investigar de verdad, sin mariconadas, a fondo. Puesto que los socialistas se han visto obligados a aceptar las embarazosas comparecencias de Chaves y Griñán, se han tomado su pequeña venganza pidiendo que también declare Javier Arenas. ¿Por qué? Pues porque era ministro del Gobierno de España cuando este aprobó un ERE en la Faja Pirítica de Huelva en el que también hubo irregularidades. Es decir, Javier Arenas, más o menos, tendrá que declarar porque pasaba por allí.

Los socialistas se quejan de que los populares no quieren la comisión de investigación para esclarecer la verdad, sino para dañar a los socialistas. No les falta a estos razón en el reproche, pero es que como en este país tenemos tan poca costumbre de hacer comisiones de investigación, lo normal es que cuando nos ponen una por delante abusemos de ella todo lo que podamos y la utilicemos para cualquier cosa menos para investigar en serio. Lo de investigar en serio en el Parlamento es cosa de gente extranjera y más bien protestante. Como habría dicho el pobre Unamuno, que investiguen ellos.

Las malas intenciones políticas se veían venir desde hace tiempo. El PP, que ha pedido la comparecencia de ¡135 personas!, ya ha advertido que sería una burla que esta comisión durara únicamente unos pocos meses. ¿Cómo que unos pocos meses?, se escandaliza la derecha. De eso nada. Este escándalo da como mínimo para varios años. En realidad, lo que el PP quiere es que la comisión dure aproximadamente unos cuatro años, mes arriba mes abajo: el tiempo justo que falta para celebrar las próximas elecciones. Y si de nuevo las pierde, se crea otra comisión por otros cuatro años y santas pascuas.

El PP ha pedido la comparecencia de un total de 135 personas

Las malas intenciones políticas del PSOE tampoco andan muy ocultas. Lo que quieren es que la comisión dure lo mínimo, despachándola si es posible entre julio y agosto. Lo deseable sería que las sesiones se celebraran de dos a seis de la madrugada, en plena noche, que es cuando se está bien al fresquito en Andalucía, y nada de luz eléctrica, mejor con velas, para ahorrar energía, ah y que los interrogatorios no fueran retransmitidos por ningún canal de televisión y muy en especial por Canal Sur, para qué, si estas cosas apenas tienen audiencia y sería perder el tiempo y el dinero de todos los andaluces; es más, lo suyo es que ni se grabaran las sesiones, que luego cualquiera podría utilizar arteramente esas grabaciones y subirlas al YouTube y hacerle pupa no al partido, que eso sería lo de menos, pero sí a la institución misma del Parlamento, y eso, compañeros y compañeras, sí que no puede consentirse de ninguna manera.

En realidad, sólo Izquierda Unida puede salvar a esta comisión de sí misma. En realidad, debería ser a IU, y sólo a IU, a quien le pidiéramos cuentas de los resultados y de la eficacia investigadora de la comisión. PSOE y PP están demasiado resabiados y se guardan demasiado rencor el uno al otro como para pedirles que hagan bien su trabajo. No lo harán. Por lo menos, harán todo lo posible para no hacerlo. Y si lo hacen no será por culpa suya, que conste. En esta comisión investigadora IU está obligada a salvar el honor del Parlamento de Andalucía. Si no lo hace ella, no lo hará nadie.

¿Y eso cómo se hace? Fácil: llamando a comparecientes, formulando preguntas y solicitando documentos con la intención de esclarecer la verdad, es decir, no con la intención primera de encontrar culpables, que también, sino con la de saber cómo fue posible que millones de euros de dinero público fueran otorgados de manera escandalosamente arbitraria por parte de (al menos) un alto cargo de una administración moderna y altamente profesionalizada sin que saltara ni una sola alarma política ni administrativa; cómo fue posible que un político le diera a su chófer 450.000 euros con la misma facilidad y el mismo proceso administrativo con que uno le da unas pocas monedas a su hijo para que se monte en los cacharritos de la feria; cómo fue posible que se dieran ayudas millonarias a empresas que dilapidaron el dinero y que luego no dieron cuenta alguna de lo que habían hecho con él. Eso es lo que hay que esclarecer. No si el procedimiento de concesión de ayudas fue perfectamente legal, como dice el PSOE, o flagrantemente ilegal, como dice la jueza instructora del caso.

La comisión de investigación de los ERE es importante porque, por una vez, tendremos una comisión de verdad y la tendremos porque, por una vez, la aritmética parlamentaria ha hecho posible que así sea. IU, aliada de los socialistas en la gobernación de Andalucía, es la única de las tres fuerzas parlamentarias a la que no le afecta personalmente el resultado concreto de la investigación. Por eso, lo único que debe importarle es que la comisión haga bien su trabajo.

Se crean instituciones sobre el papel, pero no se hace nada para que funcionen

Por una vez, estaría bien no hacernos trampas a nosotros mismos. En general, es conocido qué solemos hacer con las instituciones: ver dónde están las debilidades y lagunas de su constitución y funcionamiento y vaciarlas cuanto sea posible de todo contenido institucional. Nadie parece querer que el Consejo General del Poder Judicial sea fiable, equilibrado y ecuánime, sino ante todo que me sea favorable, y si luego de paso resulta que también acaba siendo fiable, equilibrado y ecuánime, pues miel sobre hojuelas. Nadie parece querer que el Tribunal Constitucional sea lo más tribunal y lo más constitucional posible, sino lo más sesgado posible para que así favorezca mis tesis, que como todo el mundo sabe son las verdaderas. Nadie parece pedirle a una comisión de investigación haga bien su trabajo de investigar, sino más bien que haga otras cosas: que exculpe las faltas propias, que inhabilite al adversario, que salve al Gobierno, que lo crucifique, que permita ganar elecciones, que ayude a perderlas...

Una de las pocas veces en que se hizo lo que había que hacer fue con RTVE, a la que el anterior Gobierno reconvirtió en una institución fiable, equilibrada y ecuánime. Por fortuna, el nuevo Gobierno se ha dado cuenta a tiempo de la insoportable traición a España que significaban esas prácticas subrepticiamente protestantes y ha arreglado las cosas volviendo a hacer de la televisión pública lo que nunca debió dejar de ser: un instrumento al servicio del partido del Gobierno, que para eso ha ganado las elecciones, con un par, ¿estamos?

Creamos buenas instituciones sobre el papel, pero apenas hacemos nada para que funcionen bien, más bien todo lo contrario: las creamos y al momento siguiente intentamos instrumentalizarlas, torcerlas, vaciarlas, agrietarlas, falsearlas, sin advertir que al hacerlo nos hacemos a nosotros mismos como país un daño tal vez irreparable. Por una vez y sin que sirva de precedente, ¡eso nunca!, una humilde comisión de investigación creada en la periferia de todas las España puede transitar por el camino contrario haciendo lo que hay que hacer: lo que todos saben que se debe hacer pero nadie suele estar dispuesto a hacerlo.