La defensa del asador rebelde de Marbella cree que el cierre es un fraude de ley

El despacho de abogados que asesora al propietario del "Asador de Guadalmina" de Marbella (Málaga), cuyo cierre provisional ha ordenado hoy la Junta de Andalucía, considera que esta resolución constituye un "fraude de ley" al estar basada en la Ley General de Sanidad, en lugar de en la Ley Antitabaco.

Fuentes del bufete han informado a EFE de que tienen previsto presentar una demanda por la vía de lo Contencioso para la tutela de de derechos fundamentales de su cliente, al sostener que la orden de cierre por permitir fumar en el interior del establecimiento "no tiene sustento jurídico" y es una "resolución injusta".

La Ley Antitabaco "no permite el cierre del local", han asegurado los juristas, que creen que la Junta ha recurrido a la Ley de Sanidad "para escaparse" de la primera normativa.

Con la resolución de cierre, que la Consejería de Salud pretende llevar a cabo esta tarde, los abogados creen que se pretende "dar ejemplo con una sanción desproporcionada".

Han explicado que al dueño del establecimiento se le requirió que retirara el cartel en el que informa de que se puede fumar, conducta que no se puede considerar "muy grave para la salud", en la que la Junta basa el cierre provisional del negocio.

En el mismo sentido, han señalado que la Ley General de Sanidad establece estos supuestos de gravedad en casos de problemas sanitarios de otra índole, como la comercialización de alimentos en muy mal estado con riesgo para la salud.

El despacho de abogados ha aconsejado al propietario del asador, José Eugenio Arias-Camisón, que acate la resolución y diga a sus trabajadores que abandonen temporalmente sus puestos y que, una vez resuelto este contencioso, reclame daños y perjuicios.