El Defensor del Pueblo pide un reglamento común para centros de menores en dificultad social

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha reclamado hoy en el Parlamento un gran debate nacional y la colaboración del Gobierno y las CCAA para disponer de un reglamento de aplicación común en todos los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social.

Igualmente, ha apuntado a que se solicite la autorización judicial cuando el internamiento de un menor sea por razón de trastorno psíquico, y ha sugerido que también se requiera por ingreso en centros que apliquen medidas que supongan alguna limitación de los derechos de los menores.

Múgica ha presentado en la Comisión Mixta Congreso-Senado un informe elaborado entre 2007 y 2008 sobre 27 de los 58 centros de este tipo existentes en España, en el que se denuncian casos de maltrato.

Ha cuestionado el nivel ético de determinados métodos que se aplican a algunos de esos centros, después de atender denuncias de familias y educadores, y contar con el testimonio de niños, trabajadores y directores de al menos un centro por cada comunidad que dispone de ellos.

Entre las deficiencias encontradas, ha citado que se prohíbe a los menores la asistencia a centros educativos, se les administra medicación psiquiátrica a veces abusiva y contra su voluntad.

Se imponen como castigo, ha proseguido, determinadas medidas de contención o aislamiento, y a veces se efectúan registros personales obligándolos a desnudarse completamente sin justificación.

Ha denunciado que algunos especialistas justifican el internamiento en salas de aislamiento sin ventilación, a veces por tiempo indeterminado, porque se trata de que "el niño toque fondo, de doblegar del todo su resistencia".

Estos menores "no son delincuentes", ha advertido Múgica, sino que su único delito es 'nacer" en familias desestructuradas o haber crecido en la marginación y la exclusión social

El Defensor ha sugerido que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre la atención a estos menores, que contenga los supuestos, requisitos y condiciones para aplicar medidas de contención de carácter no sancionador.

Ha reclamado que el régimen de infracciones y sanciones sea tipificado en el reglamento, y no se contemplen, directa o indirectamente, los castigos corporales, el maltrato psíquico, la privación de la alimentación o del descanso, la privación del derecho a sus relaciones personales, la privación del derecho a la educación obligatoria ni de asistencia al centro escolar.

"En muchos centros hay una tendencia proclive a la confusión entre pedagogía y derecho penal", ha apostillado, al tiempo que ha aludido a las "fugas" de menores.

También ha pedido un sistema de reclamaciones y quejas en los centros, que se aprueben las especialidades de psiquiatría y psicología infantil y de la adolescencia y más inspecciones fiscales, que son "muy escasas", y sobre todo, ha agregado, es necesario "escuchar a los menores".

Ha denunciado falta de planificación y que los menores son enviados a veces a centros que no son adecuados a sus necesidades, muchas veces gestionados por entidades privadas en régimen de concierto.

En declaraciones previas a la prensa, ha señalado que los correctivos son necesarios, pero se debe superar el método de "vigilar y castigar".

En relación con las críticas recibidas por este informe de parte del jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Múgica ha replicado que han descrito una situación como la de "Alicia en el País de las Maravillas".

El Fiscal General del Estado ha acordado la apertura de diligencias preprocesales y las oportunas investigaciones sobre las situaciones descritas, ha dicho Múgica en la comisión.

Por último, ha reconocido en general la labor de los profesionales que atienden los centros, "sometidos a diario a una fuerte tensión personal y emocional".

Según datos del Defensor, las bajas, los despidos y la rotación de trabajadores suele ser habitual en algunos centros; en algunos casos se llega al 50 por ciento de casos.

Entre otros grupos, el PSOE ha entendido que se debe reflexionar y luego trabajar sobre el asunto de las autorizaciones judiciales propuestas por el Defensor y ha anunciado una proposición no de ley para promover un catálogo de buenas prácticas en colaboración con las CCAAS y otras entidades sociales.

El PP ha calificado de "desoladora" la situación descrita por Múgica, ha mentado los "muchos 'mea culpa' de las administraciones" y ha indicado que el Defensor debería haber puesto algunos datos del informe "inmediatamente" en conocimiento de la fiscalía.