La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, se ha mostrado a favor del cambio anunciado por el Gobierno en la elección del órgano de gobierno de los jueces para que sean los propios magistrados los que realicen los nombramientos, porque contribuirá a "despolitizar" la Justicia.

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, la defensora también ha mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno de "tipificar el despilfarro público" y de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía.

Respecto a la reforma de la ley de los miembros del CGPJ- designados hasta ahora por las Cortes- la defensora opina que es "una idea magnífica porque en estos momentos, por desgracia, la justicia está politizada; por lo menos, eso es lo que olfatea el ciudadano medio" que es -ha dicho- al que atiende la institución.

Cava de Llano opina que se debería volver al sistema anterior a la reforma de 1985.

La responsable de esta institución ha reconocido sentirse "encantada" de que el actual Gobierno haya tenido en cuenta su propuesta de sancionar penalmente a los responsables de las administraciones que despilfarran el dinero de los ciudadanos, ya que al exponérselo al anterior ministro de Justicia este le contestó de una forma que no le pareció apropiada.

Además, ha definido como una "idea extraordinariamente buena" la decisión de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, ya que "habría ahorrado muchos disgustos", como las "falsas expectativas con el Estatuto de Cataluña", al que finalmente su institución llevó al TC.

Cava de Llano, que ejerce desde hace más de año y medio la titularidad en funciones de esta institución, se ha mostrado partidaria de limitar a cinco años este mandato, igual que se hace con el de Fiscal General del Estado.

En el foro de debate se ha referido a las investigaciones abiertas tras la muerte de dos extranjeros ingresados en centros de internamiento (CIE) de Barcelona y de Madrid, en los que "viven personas que en la mayoría de los casos no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa por estar irregularmente en España", ha destacado.

"Se lo he dicho ya al ministro del Interior: en los centro debe haber videocámaras en todos los lugares para ver que está pasando", ha explicado la defensora, quien también ha reclamado la elaboración del Reglamento, que regule su funcionamiento, y mejoras en la asistencia sanitaria de los centros. EFE

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