La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha afirmado este viernes en el Senado y en presencia de los representantes de las principales instituciones del Estado, que está "perpleja" ante la "constante" subida del precio de la luz y ha advertido de que tendrá entre sus prioridades vigilar la imposición de tasas al consumo doméstico de energía solar. "En cuanto a las energías alternativas, hasta ahora podíamos captar los rayos del sol para fija el calcio sin tasa alguna, ahora, tras haberlas fomentado durante años, habrá que pagar por captar esos mismos rayos para consumo doméstico", ha señalado Becerril durante el acto institucional de conmemoración del trigésimo aniversario del Defensor del Pueblo.

Tras repasar algunos de los hitos en la historia de la Alta Institución, Becerril se ha remitido al presente para afirmar que "el campo de la energía y el de las telecomunicaciones serán algunas de las prioridades en un futuro inmediato". "La primera, porque los consumidores estamos perplejos ante la subida constante de precios pese a la libre competencia", ha añadido. En cuanto a las telecomunicaciones, "sector en manos privadas pero servicio de interés general", ha señalado que estará "muy atenta a abusos en contratos, dificultades en cambio de operadores, respeto a los derechos de propiedad intelectual, intromisión en el derecho a la intimidad o a la protección de los menores".

La defensora avisa que estará "muy atenta" a las denuncias en energía y telecomunicaciones

Sobre sus "quehaceres" diarios, la Defensora del Pueblo ha afirmado que hoy "se centran en garantizar la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen Ayuntamientos y Comunidades Autónomas a personas dependientes o mayores", así como en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual en colaboración con Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, se ha referido a los desahucios, para recordar que viene reclamando, por un lado, que las comunidades con viviendas vacías las saquen al mercado del alquiler y, por otro, la elaboración de una "ley de segunda oportunidad" que de alternativas a los deudores de buena fe. "Las administraciones atienden los requerimientos, aunque deseamos e insistimos en mayor celeridad en sus respuestas y, por supuesto, en que nuestras recomendaciones o sugerencias sean cada vez más atendidas, porque están llenas de buen sentido y responden a inquietudes o problemas que pueden ser resueltos", ha dicho la Defensora.

En su opinión, "no se trata de pedir siempre mayores presupuestos", sino que muchas veces lo que se solicita es "mayor atención, mayor claridad hacia los usuarios, hacer frente a los compromisos adquiridos o no incurrir en promesas engañosas" como, según ha apuntado, "ha sucedido recientemente con algún producto financiero".

A lo largo de su historia, la Institución ha dado trámite a más de 655.000 expedientes de queja y ha elevado en consecuencia 3.300 recomendaciones a administraciones y organismos públicos de toda índole, de las que en torno a un 75 por ciento, conforme ha señalado, han sido escuchadas.