En los próximos meses, el reposicionamiento financiero de las cajas concluirá en una banca nacionalizada a golpe de talonario por parte del Estado. Una inyección de hasta 20.000 millones de euros, soportada por el FROB, que permitirá sobrevivir a las cajas más castigadas por su exposición al sector inmobiliario. Un cheque al portador para salvar el sistema financiero español y mostrar una nueva oferta de entidades desintoxicadas del ladrillo, con el ánimo de preservar la obra social de las cajas, pero con dificultad para conseguirlo ahora que se van a convertir en bancos y tendrán accionistas con los que compartir el beneficio. Según como se articule la reestructuración, el Estado puede quedar convertido en un accionista sin capacidad de decisión en los nuevos bancos, o puede aprovechar la oportunidad para entrar en el debate de un escenario de banca pública, que es lo que plantean algunos analistas y expertos y los sindicatos del sector.

'Hemos escrito informes sobre esta posibilidad y se los hemos pasado a la Moncloa; aún no ha dado respuesta', cuenta Alejandro Inurrieta, economista y colaborador de la Fundación Ideas, que explica que la vía ha sido explorada por otros países en situaciones de turbulencias financieras como las actuales en España para garantizar la fluidez del crédito.

Los expertos ponen sobre la mesalos ejemplos de Suecia y Alemania

Así sucedió en Suecia, en 1992, cuando tras explotar su burbuja inmobiliaria, con una tasa de desempleo del 12% y unos tipos de interés que pasaron del 1% al 5%, su Ejecutivo (entonces conservador), antes de inyectar dinero público a las entidades, descabezó los consejos, publicó la situación real de las entidades y obligó a pagar a todas las partes (accionistas, bonistas y acreedores) parte del rescate. El saneamiento concluyó con la entrada de dinero público y la posterior venta de la mayor parte de estas entidades a fondos privados, con lo que el Estado recuperó su inversión. Nordea Bank, donde el Estado tiene ahora el 30% del capital y dirige la política de concesión de créditos, es el paradigma de aquella política.

'No debe tirarse el dinero público', sostiene Inurrieta, partidario de aplicar el modelo sueco en la transformación de las cajas en España. 'Sólo con una banca pública se puede alimentar a los sectores que tienen proyectos pero no garantías, que nunca van a tener financiación privada porque no está dispuesta a asumir ese riesgo', reflexiona Inurrieta.

'Es importante que haya una banca pública que compita con la privada', defiende Viçenc Navarro, catedrático de economía aplicada de la Universidad Pompeu Fabra y experto de la asociación Attac, partidario del modelo alemán, un escenario de cajas locales y autonómicas dentro de un marco estatal central.

En Alemania, las ayudas del Tesoro dirigidas a los Landesbanken (bancos de los länder que ejercen de regulador de las cajas locales y comarcales) y el Kreditanstalt fur Wiederaufbau (instituto crediticio análogo al ICO español) han mantenido abierto el grifo del crédito a particulares, pymes y el sector industrial durante esta crisis. Una circunstancia a la que han favorecido tres factores: la rapidez con la que aparecieron los brotes verdes, su férrea normativa de cajas que impide invertir en activos de riesgo como las hipotecas subprime, y la enorme implantación de la banca pública en el país. De hecho, en 31 comarcas alemanas, que representan el 13% del PIB, no existe una sucursal privada.

'Un banco público que garantice la accesibilidad al crédito es una condición necesaria para la recuperación económica española', ahonda Navarro. Una estabilidad que, para CCOO, se lograría desde el actual sistema de cajas con una política más proactiva del Gobierno. 'Deberían decir qué cajas son las buenas y cuáles las malas. Estas últimas deberían ser intervenidas para mantener un modelo necesario', asegura Chema Martínez, secretario general confederal estatal de Ahorro de CCOO. 'Algunas cajas no van a aguantar la presión de solvencia que se les exige (el core capital peso del capital sobre el riesgo de la entidad exigido puede rondar entre el 9% y el 9.5%) con lo que se va a forzar su venta barata', insinúa.

'Un banco público es necesario para la recuperación', dice Navarro

La misma línea de argumentación mantiene IU. La formación de Cayo Lara propugna la intervención de las cajas, la enajenación de sus activos y las desinversiones que fueran precisas, gestionadas por la SEPI, para garantizar los objetivos sociales y el empleo. Además, IU propugna crear un banco malo que aglutine todo el stock de viviendas para, a través de una empresa pública, sacarlas al mercado en régimen de alquiler a precio moderado.

Idea que se amplía desde UGT. 'A esta recogida de activos tóxicos habría que unir una petición de responsabilidades para quienes lo han generado', solicita Antonio Muñoz, secretario sectorial de Ahorro de este sindicato, partidario de un sistema público bajo el escenario cooperativo, con la tutela del Ministerio de Economía, como funciona en Francia con la entidad Credit Agricole.

El debate se enquista, sin embargo, desde las filas privadas. 'No es el momento de una banca pública. No tiene ningún futuro porque, al final, se genera poca transparencia y falta de exigencia', defiende Francisco González, presidente de BBVA, la entidad que nació en octubre de 1999 al fusionar Argentaria, la última experiencia de banca pública en España, con el Banco Bilbao Vizcaya.