El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite la demanda que la Plataforma por la Dependencia en Alcorcón ha presentado contra la Orden de la Comunidad de Madrid que regula la aplicación de la Ley de Dependencia en la región.

La agrupación, formada por cuatro asociaciones de esta localidad madrileña, denuncia que la norma que ha impulsado el Gobierno de Esperanza Aguirre 'pervierte la Ley de Procedimientos Administrativos', según explicó el abogado de la plataforma, José Ausín. En la Consejería de Asuntos Sociales indican que la aceptación a trámite de la demanda es 'un procedimiento rutinario' y hasta que el TSJM 'no resuelva', no se pronunciarán.

El primer incumplimiento al que hace referencia la demanda se refiere a que el Ejecutivo regional incumple la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece un plazo máximo de seis meses para tramitar cualquier solicitud.

Cuando se trata de determinar si una persona se puede beneficiar de la Ley de Dependencia o no, en este medio año, la Administración debe determinar el grado de dependencia del solicitante y qué tipo de ayuda se le concede. La Orden madrileña separa estos dos procedimientos y establece ese tiempo máximo de seis meses para resolver cada uno de ellos. Es decir, alarga los tiempos para dar las ayudas. Además, no establece el tiempo máximo que debe pasar entre uno y otro, denuncia José Ausín. 'Así tenemos un promedio de 18 meses y medio de espera', critica el abogado.

La Plataforma por la dependencia en Alcorcón también denuncia que Madrid sólo da las ayudas con carácter retroactivo, como marca la ley, cuando los familiares pueden demostrar que tuvieron que pagar un servicio desde que solicitaron los subsidios. 'La mitad de las familias no hacen el gasto hasta que no reciben las ayudas', asegura Ausín.

Por otra parte, la demanda se centra en la regulación del silencio administrativo. Este determina qué pasa cuando la Administración tarda mucho en resolver una solicitud y no informa al ciudadano sobre su decisión.

En este sentido, la ley determina que cuando esto ocurre y la Administración no comunica sus decisiones a los afectados, se entiende que ha resuelto a su favor. Y establece que el sentido positivo del silencio administrativo, que es tal y como se le conoce, sólo se podrá modificar con otra normativa. No obstante, el Gobierno madrileño ha modificado el sentido del silencio administrativo mediante una Orden.

Asuntos Sociales considera que la Plataforma está subvencionada por el Ayuntamiento de Alcorcón (PSOE). Según aseguran, esto hace sospechar que la agrupación actúe como 'altavoz de los intereses del alcalde'.