"Sin demolición, el imperio de la ley queda por los suelos"

Ángel Núñez, coordinador de los fiscales andaluces de Medio Ambiente, recibe a Público en un despacho prestado. El suyo está hasta arriba de papeles. Núñez no rehúye las preguntas, se moja.

En los últimos tiempos, han proliferado miles de viviendas ilegales. ¿De quién es la responsabilidad?

Los delitos urbanísticos son consecuencia de la falta de eficacia de la administración. Los ayuntamientos no han ejercido las funciones de disciplina urbanística. Por carencia de medios, fundamentalmente ayuntamientos pequeños; por falta de voluntad política para asumir el coste de medidas impopulares como la demolición y, en otros casos, por clara y pura corrupción.

¿La falta de dinero es responsable de que haya pocas demoliciones?

No se deja de demoler por falta de dinero. No se ha demolido porque no se han tramitado expedientes de demolición. En un inmenso número de supuestos, cuando se ha actuado ya había prescrito la ilegalidad.

¿Tiene una justificación histórica el desorden urbanístico?

No. Todavía hay alcaldes que se jactan de que no ejecutarán nunca una demolición. ¡Pero es que son obligaciones de la Ley de Ordenación Urbanística! Y cuando defienden la autonomía municipal, que me parece muy bien, eso tiene que llevar aparejado el ejercicio de las responsabilidades que les impone la ley, entre ellas, imponer la disciplina urbanística.

¿Tiene un número de viviendas ilegales en Andalucía?

Creo que no lo tiene nadie. Una cifra ajustada no existe realmente.

¿Qué le parece la marea regularizadora que viene ahora?

Dentro de situaciones tan desbordadas, la única solución es imponer la ley de alguna forma, y eso implica regularización. No se pueden tirar 30.000 viviendas. Es un problema muy complejo. Lo que sucede es que cuando se plantea ese fracaso que es una regularización surge otro problema.

¿Cuál?

Aparecen grupos de poder que exigen que sea el resto de los ciudadanos los que financien los costes de su urbanización ilegal, que les paguen los suministros públicos, la realización de viales, la recogida de basura… para que ellos se beneficien. Si se regulariza lo que hoy vale 20, valdrá mañana 40. Me parece inadmisible. Son cuestiones políticas en las que la Fiscalía no entra, pero dista de convertirse en ejemplo para que el resto de ciudadanos cumpla la ley.

¿No hay manera de que la Fiscalía diga: esto no puede ser?

No en la medida en que se haga de acuerdo con los trámites legales. Sí pedimos una reforma del Código Penal para regular supuestos de prevaricación por omisión. Cuando no se dicta una resolución injusta, pero su falta es equivalente a haberla dictado. No se persigue a quienes realizan construcciones ilegales.

¿Cómo se llevan los jueces y las demoliciones?

Sin demolición, las condenas se convierten en puramente simbólicas

Han sido bastante reticentes a acoger los delitos contra la ordenación del territorio. Primero porque entendían que sólo los podían cometer los profesionales, mientras nosotros creíamos que los podía cometer cualquiera.

El Supremo nos dio la razón en 2003. Se ha aplicado de manera demasiado generosa la doctrina del error, del desconocimiento, cuando es de dominio público que cualquier obra requiere autorización. Y ha habido muchas reticencias a la hora de acordar la demolición. Y sin demolición, las condenas se convierten en puramente simbólicas, porque las penas que se imponen –como no hay que ajustarlas al valor de la edificación, sino a los ingresos del infractor– son muy exiguas y la pena privativa de libertad en principio no implica el ingreso en prisión.

Así, la condena se imputa como un coste adicional al de la edificación. Afortunadamente, se va avanzando.

¿Genera impunidad la ausencia de demolición?

Sí. Durante el tiempo que tardó el Supremo en pronunciarse en el sentido de que el delito lo podía cometer cualquiera, fueron decenas los fallos absolutorios dictados.

Ha dicho que no se pueden derribar 30.000 viviendas, pero algunas sí. ¿Está pensando, por ejemplo, en Marbella?

Hay que distinguir entre las demoliciones administrativas y las sentencias penales. En estas últimas no cabe discusión, sólo ejecutarlas. La cuestión que se discute aquí es la de las administrativas.

¿No tiene nada que decir la Fiscalía?

No, ahí no tuvimos intervención.

¿Y a usted qué le parece?

A mí personalmente, no como fiscal, como ciudadano, me parece que hay que conectar el imperio de la ley, que quedaría por los suelos si no se ejecutan las demoliciones, y atender a situaciones de verdadera trascendencia social como consecuencia de inaplicar el planeamiento.

La Junta de Andalucia ha aprobado nueva normativa y habla ahora de acudir al planeamiento supramunicipal.

Planificar es orientar el crecimiento, pero está sirviendo para consolidar lo irregular

El fenómeno es que los planes no se cumplen, y cuando se reforman no es para avanzar, sino para consolidar situaciones de facto. Así, el plan pierde su sentido. Planificar es orientar el crecimiento, pero está sirviendo para consolidar lo que de manera irregular ya ha crecido.

¿Es la gente consciente de que su actividad ilegal genera ciertos problemas para ellos mismos, atascos, falta de escuelas...?

Hasta ahora, no. Hay una consideración decimonónica de la propiedad. Esto es mi terreno y yo hago lo que quiero. No existe consideración a la función social de la propiedad.

¿Cuánto le debe el medio ambiente a los ecologistas?

Su actuación es absolutamente digna de elogio.

Entre el empleo y el medio ambiente, ¿con qué se queda?

Ahora se habla mucho de una flexibilización de los requisitos para actividades empresariales. Todo lo que sea agilizar o simplificar me parece bien. Sin embargo, una actividad que genere empleo, pero que perjudique al medio ambiente no es autorizable. La ley así lo establece.

¿Cuál es la principal amenaza para el medio ambiente?

El urbanismo descontrolado.

Hay quienes niegan el cambio climático.

Siempre hay negacionistas. Los hay del holocausto, que los haya del cambio del clima no supone ninguna sorpresa.