El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado una entrada y registro vinculado a un empresario de la provincia de Guipúzcoa dentro de la investigación por el pago del denominado 'impuesto revolucionario'. En estos momentos, el hombre se encuentra bajo custodia de la la Guardia Civil hasta que finalicen los registros ordenados por el magistrado y, previsiblemente, al igual que ocurrió ayer con otros dos empresarios, quedará en libertad en las próximas horas. 

Jesús Guibert Azkue, de 81 años, fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 en Azpeitia (Guipúzcoa) por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN SA y quedó en libertad diecisiete días después, supuestamente tras el pago de 150 millones de pesetas. El registro de hoy se produce veinticuatro horas después de otro en el domicilio bilbaíno del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, que llegó a estar detenido unas horas por la Guardia Civil.

Ambos registros están relacionados con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, 'Thierry', detenido en la localidad vascofrancesa de Burdeos el pasado 20 de mayo.

Ya el pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de los documentos intervenidos en esa operación policial, Garzón ordenó el ingreso en prisión incondicional de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda.

Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional han señalado que 'muy posiblemente' y 'a la vista de los atestados policiales' Garzón citará en los próximos días a Jainaga y a Azkue para tomarles declaración como imputados.