La Policía ha detenido a un grupo que tramitaba ofertas de trabajo ficticias y falsos permisos de residencia a extranjeros, con los que estafó a más de quinientos, principalmente ecuatorianos, colombianos, peruanos, senegaleses y rusos.

Según la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de julio a raíz de las denuncias formuladas en varias comisarías madrileñas por extranjeros que habían sido estafados, al menos por siete empresas.

El cabeza visible de estas sociedades era un abogado madrileño (no colegiado en la actualidad) F.P.M.B., que figuraba en la mayoría de las compañías como administrador único o solidario junto a terceros.

Las actividades delictivas se remontan a 2003, año en el que se creó la primera de estas empresas fantasmas con la ayuda de distintos colaboradores.

Por la obtención del permiso de residencia temporal y un trabajo por cuenta ajena pedían cantidades de dinero que oscilaban entre los trescientos y los tres mil euros.

Los responsables del grupo aseguraban disponer de contactos sólidos con diversas empresas (que en realidad figuraban inscritas a nombre del letrado), así como con los encargados de las propias oficinas de extranjeros donde debían presentar las solicitudes.

Una vez realizados los pagos, en el 95% de los casos no se obtenían ni los trabajos prometidos ni las autorizaciones de residencia al ser rechazadas (denegadas, inadmitidas o archivadas) en la Subdelegación de Gobierno al no cumplir los requisitos legalmente establecidos.

En algún caso, una vez que el permiso de residencia del trabajador era denegado y acudía a informarse al despacho del abogado, le ofrecían la posibilidad de presentar de nuevo su solicitud, en base a una oferta de empleo de otra de las empresas del entramado creado.

Si aceptaba la propuesta debía de abonar nuevamente una cantidad similar.

A medida que las empresas levantaban las sospechas de los funcionarios encargados de cumplimentar los trámites, debido a las continuas irregularidades detectadas en las ofertas presentadas, F.P.M.B. constituía otras nuevas, solo o en connivencia con otras personas, a fin de que no pudieran relacionarle con estas actividades.

De este modo, en la última sociedad creada figuraba como administradora única su mujer, la ciudadana bielorrusa I.Y.

Además del citado abogado, de 55 años, nacido en Madrid, y su mujer bielorrusa de 37 años, ha sido detenido también J.C.P.C., de 43 años, natural de Quito (Ecuador).

Se ha practicado un registro en un domicilio de Madrid en el que se intervino numerosa documentación a nombre de ciudadanos extranjeros, ofertas de empleo y solicitudes de permisos de residencia y trabajo por cuenta ajena, recibos de cobro y otros documentos.