La huelga en la Administración estaba convocada para protestar contra el recorte salarial impuesto por el Gobierno en su plan de ajuste. Y muchos funcionarios se miraron los bolsillos a la hora de decidir si secundaban o no el paro.

Cuando un empleado no acude a su puesto por hacer huelga, ese día (o los que dure el paro) se le descuenta de la nómina. Y, al hacer sus cuentas, algunos funcionarios confesaban que temían que el descuento fuera a ser mayor incluso que el recorte del Gobierno, y que su economía no lo podría soportar.

La normativa laboral, apoyada en diversas sentencias del Tribunal Supremo, entiende que, en una huelga, se considera suspendido el contrato de trabajo. Por tanto, la cantidad a descontar por día de huelga es la parte proporcional de la retribución anual correspondiente a esa jornada, incluyendo la parte correspondiente de descansos, vacaciones y pagas extraordinarias. Para el cálculo, por explicarlo de una forma sencilla, se divide la masa salarial anual entre los días a trabajar ese año, en los que no se cuenta ni los descansos semanales, ni las vacaciones, ni los festivos.

Así, por ejemplo, la retribución media anual de los 2,65 millones de empleados públicos es de unos 33.847, euros. Esta cantidad dividida por los 220 días a trabajar en el año resulta unos 153 euros, que es lo que se le descontaría por hacer huelga. Visto de otro modo, el Gobierno, con un seguimiento del 11% de la huelga, descontará un total de 8,8 millones en las nóminas de los funcionarios que hayan parado.

Muchos empleados declaraban que su protesta podía quedar en nada, pues el recorte salarial es un hecho consumado, sin marcha atrás, y que les podía salir económicamente caro, a las puertas del verano.