El preacuerdo firmado hoy por dos de los principales opositores al presidente Evo Morales recoge todos los asuntos que han enfrentado a ambas partes y establece que las conversaciones comenzarán el próximo jueves en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia.

El documento para iniciar en Bolivia un proceso de "diálogo nacional" que resuelva la conflictiva situación política que vive el país fija las bases, agenda y metodología de esta negociación así como los actores de las conversaciones.

También establece que participarán como "facilitadores" del diálogo varias instituciones: la Iglesia Católica, la Unión Europea (UE), Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericana (Unasur).

El preacuerdo ha sido alcanzado tras 25 horas de trabajo entre una representación gubernamental encabezada por el vicepresidente del Gobierno, Álvaro García Linera, y otra de los prefectos opositores, que han delegado en su colega tarijeño Mario Cossío.

Las bases para instaurar el diálogo se refieren a las autonomías, las ingresos procedentes de los impuestos petroleros y la entrega de las instituciones estatales ocupadas por los opositores en varias regiones.

Sobre las autonomías, el Gobierno de Morales afirma que "respeta el derecho a la autonomía departamental de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz".

En cuanto a la nueva Constitución que impulsa Morales, el Gobierne accede a suspender durante un mes en el Congreso Nacional el debate sobre la convocatoria del referendo para ratificarla, un plazo que puede ampliarse "de acuerdo a los avances del diálogo nacional".

Con respecto a las rentas petroleras, el Ejecutivo de Morales reconoce el derecho de los departamentos a percibir el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y se compromete a "respetar y mantener la actual distribución de 'regalías' a los departamentos".

Precisamente, el recorte de las rentas petroleras a las regiones para pagar una ayuda directa a los ancianos (la llamada Renta Dignidad) fue el detonante que agudizó el conflicto entre Morales y sus opositores autonomistas.

A este respecto, el documento precisa que en todo caso "debe garantizarse el pago de la Renta Dignidad", sin precisar aún cómo.

Otro de los puntos en conflicto, el de las instituciones estatales ocupadas por los autonomistas, se resuelve a favor del Gobierno, pues el documento recoge el "repliegue inmediato de las oficinas públicas e instalaciones petroleras ocupadas a raíz del conflicto por personas ajenas a las mismas".

Como consecuencia, "se acuerda también el levantamiento del bloqueo de caminos en el territorio nacional".

La parte autonomista levantó ayer los cortes de carretera pero se mantienen los organizados en torno a Santa Cruz por los seguidores de Morales.

En cuanto a los episodios violentos del departamento norteño de Pando (donde el pasado jueves murieron al menos 15 personas) las partes piden "esclarecer los hechos luctuosos a través de organismos nacionales e internacionales imparciales" y anuncian el envío a la zona de una comisión del Congreso Nacional.