Los antiguos propietarios de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, han pedido que se levante el embargo cautelar de sus bienes, ya que rechazan ser los culpables de la insolvencia del grupo turístico, que se produjo, a su juicio, por la prohibición de vender billetes de avión que impuso la IATA.

En un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, que celebrará mañana una vista para decidir si mantiene el embargo de bienes por valor de 417 millones, los dos empresarios afirman que 'no han realizado ni un solo acto que perjudicara el patrimonio' de Marsans, declarada en concurso de acreedores en junio de 2010. Así, sostienen que hicieron todo lo que estuvo en su mano para salvar al grupo, consiguiendo por ejemplo nuevos préstamos hasta marzo de 2010 por valor de 35,4 millones.

A ello hay que sumar que 'comprometieron su patrimonio personal al objeto de garantizar y avalar múltiples operaciones crediticias solicitadas por Viajes Marsans, todo ello con la única finalidad de superar la complicada situación financiera de la sociedad'. Según se recoge en el escrito, Díaz Ferrán y Pascual llegaron a garantizar personalmente el pago de 292 millones de euros que debían a las entidades financieras Viajes Marsans y otras empresas del grupo, como la matriz, Teinver.

Por ello, los representantes legales de Díaz Ferrán y Pascual califican de 'falaces' e 'injustificados' los argumentos de la administración concursal para apuntar que ambos empresarios dilataron desde 2008 la presentación del concurso de acreedores del grupo y, en consecuencia, son culpables del agujero patrimonial.

Tras insistir en que cumplieron todas las obligaciones que se les encomendaron, hacen hincapié en que lo que llevó a Marsans a ser declarada insolvente no fue su conducta, sino la retirada en abril de 2010 de la licencia para vender billetes que concede la IATA, la asociación que agrupa a la mayoría de las líneas aéreas a nivel mundial. En su opinión, las garantías adicionales por valor de 14,59 millones que pidió la IATA para permitir que Marsans siguiera vendiendo billetes de avión tenían un carácter 'abusivo'.

'La necesidad de dicha garantía resultó más bien una trama para diluir la posición (de Marsans) en el mercado', llega a afirmar el escrito, que también critica que el propio Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid no suspendiera cautelarmente la prohibición de las aerolíneas. Así, sostiene que el auto denegatorio de las medidas cautelares 'irremediablemente afectó negativamente a Viajes Marsans y provocó el declive de la misma, dada la estampida de clientes que se produjo en el momento en que la retirada de la licencia se hizo oficial'.

Por tanto, Díaz Ferrán y Pascual afirman que presentaron el concurso voluntario de acreedores en el plazo correcto, es decir cuando confirmaron que la retirada de la licencia de IATA hizo que 'las ventas empezaran a caer estrepitosamente'.

La juez Ana María Gallego aceptó el pasado mes de noviembre los indicios que expuso la administración concursal sobre la culpabilidad de Díaz Ferrán, Pascual y Posibilitumm, por lo que acordó embargar cautelarmente bienes suficientes para cubrir el agujero de la sociedad, estimado inicialmente en 417,4 millones y reducido a 270 millones en el informe sobre su situación patrimonial.

Esa decisión se adoptó 'inaudita parte', es decir sin escuchar a los afectados, lo que Díaz Ferrán y Pascual califican de 'atropello procesal' que ha vulnerado su derecho de defensa. Además piden que se condene a la administración concursal a pagarles por los daños y perjuicios sufridos por las 'gravosas medidas cautelares' que solicitaron.

También consideran que se debe levantar el embargo, ya que 'no existe ningún peligro de que dichos bienes propiedad se vendan fraudulentamente, y más cuando han solicitado debidamente el concurso de acreedores por verse incapaces de hacer frente a las obligaciones principales, una razón más que demuestra la buena actitud'.