El alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha presentado finalmente su dimisión después de una día lleno de vaivenes sobre la renuncia del primer edil de Boadilla a raíz de la presunta trama de corrupción aparentemente vinculada con el Ayuntamiento.

"Después de una reunión intensa y larga, la decisión es que el alcalde dimitirá en el día de mañana como alcalde de Boadilla sin que esto suponga que el partido dude de su inocencia", dijo Francisco Granados, secretario general del PP en Madrid, el lunes por la tarde.

Por la mañana, tras anunciar el líder popular Mariano Rajoy la dimisión del regidor, González Panero lo desmentía tras declararse inocente ante la Audiencia Nacional, donde fue a prestar declaración.

Granados dijo que la definitiva renuncia de González Panero, así como la de su número dos, María Jesús Díaz, se producía para facilitar la elección de un nuevo alcalde.

Además de esta dimisión, se ha producido también la del consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, por su supuesta relación con uno de los cinco detenidos el pasado viernes.

Esperanza Aguirre dijo que había aceptado la dimisión del consejero para que "los que intentan desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas".

A López Viejo se le relaciona con Francisco Correa, considerado el cabecilla de la red, de la época en la que el primero organizaba los actos del partido en la Comunidad de Madrid y habría adjudicado contratos a una sociedad de Correa.

"Al parecer, alguna de las empresas con las que hemos trabajado coinciden con las que aparecen en la investigación del juez Garzón", dijo Aguirre en rueda de prensa, en la que agradeció a López Viejo su generosidad al dimitir.

También ha presentado su dimisión el gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, porque aparece su nombre en las conversaciones grabadas por la policía a uno de los detenidos.

Las cinco personas detenidas el viernes están acusadas de blanqueo de dinero, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal y asociación ilícita a raíz de unas diligencias ordenadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción.

El PP asegura que la única relación que su partido tiene con esta operación es que habían contratado ciertos servicios a una empresa investigada.

"Las cinco personas detenidas no son militantes del PP. Las actuaciones que esas personas hayan podido llevar a cabo no pueden manchar en ningún caso el nombre del PP y no voy a consentir que nadie lo haga. Es intolerable y profundamente injusto que se pretenda ensuciar el nombre del PP por las actuaciones de esas personas", agregó Rajoy.

HABLABAN EN NOMBRE DEL PP

Rajoy indicó que el PP fue reduciendo los contratos con la empresa investigada antes de 2004, conforme se fueron concediendo concursos a otras empresas, y al conocer que algunas personas usaban el nombre del PP y de la dirección nacional del partido sin estar habilitados para ello.

"Lo único que sabíamos es que hablaban en nombre del PP, no nos pareció que fuera una actividad delictiva", contestó Rajoy cuando un periodista le preguntó por qué no denunciaron en su momento estos hechos.

El PP abrirá también una investigación interna para depurar responsabilidades y se procederá a la "expulsión inmediata" de cualquier militante si se demuestra que tiene alguna relación con la trama.

El partido ha presentado además sendos escritos ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado por la filtración de un sumario secreto a los medios de comunicación y solicitará personarse como acusación particular en el caso.