Dinero, mentiras y cintas de vídeo

Joaquín Corpas, investigador privado sin licencia de detective contratado por Juan Manuel López Benjumea, entonces presidente de Caja San Fernando, se acercó al negocio de su cuñado Ramón Hernández, fotógrafo sevillano de bodas y comuniones. "Ramón, súbete ya a la azotea y graba", le dijo.

Pocos días más tarde, el 29 de noviembre de 2001, la bomba informativa estallaba en la portada de El Mundo: "Chaves mandó espiar durante meses a los presidentes de las cajas de Sevilla". La supuesta prueba de cargo eran las imágenes tomadas desde la azotea por Hernández y la grabación sonora realizada por Corpas durante su conversación en el bar de enfrente con el presunto sicario del presidente andaluz en tareas de espionaje, Manuel Castellano. Según El Mundo, el "espía" había confesado: "Entre Pino, Pizarro y Chaves me han mandao a seguir a Benjumea y Beneroso".

Y ahí, tomando como único pilar un vídeo que sorprendentemente alguien robó luego de la caja fuerte de un juzgado y de cuya manipulación han hablado largamente tanto los peritos policiales como su propio autor, Joaquín Corpas, comenzó una historia de ficción construida con dinero, mentiras y cintas de vídeo. Aún hoy, el PP la sigue dando por buena.

El viernes, exactamente seis años después de que El Mundo lanzase la prémiere, y una vez determinado judicialmente -desde 2003- que no hubo tal espionaje, Benjumea, Corpas, Francisco Rosell -director de El Mundo en Andalucía- y Javier Caraballo -firmante de la noticia- se levantaron del banquillo una vez finalizado el juicio en el que se les acusó de injurias graves con publicidad, delito penado con multa.

La acusación sostiene que "el gran muñidor", el autor intelectual del montaje, fue Benjumea, cuyos escoltas, como la Policía, han declarado que nunca observaron que su "protegido" fuera objeto de seguimiento o vigilancia. En el engranaje de la defensa, una pieza clave falló al final: Joaquín Corpas.

Un "compló" y 30 millones

Tras seis años de silencio y previo cambio de abogado -no se sabe quién pagaba al primero- el investigador declaró el primer día del juicio no sólo que Castellano jamás había pronunciado la frase inculpatoria sino que él mismo había avisado a El Mundo de que el vídeo que a mediodía del 28 de noviembre acababa de entregar a sus periodistas por orden de un factótum de Benjumea estaba manipulado. "Estaba viendo un compló", dijo.

De sus carísimas investigaciones, la caja jamás requirió un solo informe escrito. Lo confirmó su entonces subdirector general.A lo largo de 2001, Corpas cobró oficialmente de Caja San Fernando, ahora fusionada con El Monte en Cajasol, 30 millones de las antiguas pesetas. De ellos, 12 correspondían supuestamente a la tarea de desenmascarar a Castellano, quien durante la investigación judicial del presunto espionaje se ofreció a someterse a una prueba de voz para demostrar que la del vídeo no era la suya.

Su oferta quedó descartada: la mala calidad del sonido impedía cualquier verificación.En el juicio, cuando el abogado de Chaves le preguntó por el monto y desglose de su facturación, Corpas respondió algo que constituye uno de los puntos más oscuros del caso: "Prefiero callarme, no puedo hablar más de eso".Detrás quedaba aquel "entre Pino, Pizarro y Chaves", la sentencia presentada como la constatación de un Watergate andaluz -la analogía es de El Mundo- según el cual el presidente de la Junta, su número 2 en el PSOE, Luis Pizarro; y el presidente de la comisión de control de San Fernando, Miguel Ángel Pino, habían urdido una conspiración para librarse de Benjumea y su homólogo de El Monte, Isidoro Beneroso, que habían lanzado una guerra sin cuartel contra la Ley de Cajas de Andalucía para perpetuarse en sus cargos. Como "coordinador" de la trama,se señalaba a Juan Escámez, jefe de escoltas de Chaves.

En la vista oral, el juez Francisco Guerrero no pudo ver las dos copias del vídeo, cuyo visionado habían pedido como prueba las acusaciones pero no las defensas. Ambas, y eso no se supo hasta iniciado el juicio, fueron robadas en julio de 2005. El robo se denunció justo el día después de que la Audiencia emitiera un auto donde ordenaba continuar el proceso por injurias y observaba indicios de una "confabulación" para "aparentar una noticia de supuesto interés" destinada a influir en el proceso electoral de las cajas andaluzas.

Así que no hubo vídeo. Pero, pese a los letrados de Benjumea y El Mundo, el juez autorizó la audición del casete usado por los peritos. Los cortes, el cambio de ruido ambiente y el tono impostado de las acusaciones hablaron por sí mismos. Como en una prueba de locución, la secuencia "entre Pino, Pizarro y Chaves" se recitaba dos veces. El watergate había resultado ser un watercloset.