En cada proyecto financiado con fondos europeos de desarrollo rural, se debería realizar una evaluación pormenorizada de la ejecución y de su impacto natural en comparación con lo que se especificó previamente en la solicitud de ayuda, pero en muchos casos esta valoración no se lleva a cabo. Es lo que la organización BirdLife International se ha encargado de hacer en toda Europa y los resultados no son muy positivos: muchos fondos se destinan a actividades dañinas para el entorno, en lugar de actuar como medidas de conservación.

De los cuatro ejes que integran los programas de desarrollo rural, el segundo se encarga de la gestión sostenible y mejora del medio ambiente, por lo que en muchos proyectos estas partidas sirven de "maquillaje" a las medidas del primero de los ejes, que cubre la competitividad y modernización de infraestructuras, según Ana Carricondo, responsable de Agricultura y Desarrollo Rural de SEO/BirdLife. Carricondo explica que "las medidas compensatorias que se incorporan en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos no sirven de mucho".

El informe apunta que "desanima ver cuántos fondos se gastan en actividades dañinas para el medio ambiente" y añade que "la situación es inaceptable en el contexto de los objetivos de la política comunitaria de desarrollo rural".

Carricondo señala que una de las medidas que ha tenido buenos resultados a priori es la modernización de regadíos, que sí ha conseguido ahorrar agua al evitar pérdidas en las canalizaciones. Sin embargo, apunta que "se ha logrado que llegue más agua a las parcelas, pero ahora el agricultor tiene más agua, por lo que empiezan a sustituirse los cultivos de cebada o trigo, que necesitan menos recursos, por forraje o maíz, que consumen más agua, y al final no existe tal disminución". Las comunidades que más aumentan la superficie de regadíos son Castilla y León, Aragón y Andalucía.

A juicio de Carricondo, se deberían revisar las concesiones de derechos de agua y ajustarlas a los ahorros registrados.

Entre los casos que han recibido financiación pública y con impacto más grave en el entorno destacan:

Comunidad de Madrid: Regadíos

La sustitución de cultivos de cereales por olivares en la Comunidad de Madrid tendría como objetivo reducir el consumo de agua y de sustancias químicas. Sin embargo, los ornitólogos apuntan que no existe tal garantía, ya que en realidad se trata de sustituir los cereales por plantaciones superintensivas de olivos, con 300 árboles por hectárea, que necesitan tres años para producir su primera cosecha. El pago anual por plantar olivos es de 898 euros/hectárea (ha.), muy cerca del máximo europeo de 900 euros/ha., frente a los 248,51 euros/ha. que reciben los cereales de regadío y los 89,65 euros/ha. de los cultivos de rotación.

Andalucía: Invernaderos

Las ayudas para proyectos ascienden a un máximo de 260.000 euros, pero en el caso de los cultivos intensivos, como los invernaderos de Almería, se prevé una cofinanciación de hasta 600.000 euros. BirdLife critica que este tipo de agricultura "destruye hábitats y contamina y agota el agua".

Extremadura: Reforestación

A pesar de que los proyectos de reforestación cuentan con evaluaciones de impacto ambiental, no hay garantías que eviten la pérdida de los pastos, ya que se ha dado prioridad en la reforestación a zonas no agrícolas, como tierras abandonadas que se regeneran de forma natural, hábitat de especies amenazadas. Este tipo de reforestación provocaría, según BirdLife, una pérdida de biodiversidad.

Castilla y León: Red Natura

Se quiere incentivar el cultivo de girasol en sitios Red Natura 2000, pero BirdLife apunta que esta clase de cultivo favorece a la fauna, sin necesidad de que se asocie a ayudas por Red Natura.