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Una diócesis católica de EEUU solicita protección por bancarrota

Reuters

La diócesis católica de Wilmington, Delaware, ha solicitado la protección por bancarrota recogida en el Capítulo 11, según mostraron el domingo documentos judiciales, debido a las más de 140 acusaciones presentadas por individuos que dijeron haber sido víctimas de abusos sexuales por sacerdotes de la sede.

La diócesis se ha convertido en la séptima en Estados Unidos que busca protección por bancarrota y su presentación fue realizada un día antes del comienzo de un juicio civil contra un cura apartado del sacerdocio.

"Esta es una decisión dolorosa, una que esperaba y rezaba para no tener que tomar nunca", dijo el obispo de Wilmington, Francis Malooly, en un comunicado divulgado en la página web del obispado.

"Sin embargo (...) creo que no tengo otra opción, y que solicitar la protección de Capítulo 11 ofrece la mejor oportunidad, dados los recursos limitados, para proveer el tratamiento más justo posible a todas las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes en nuestra diócesis", agregó.

En su presentación ante el Tribunal de Bancarrota del Distrito de Delaware el domingo, la diócesis estimó sus activos entre 50 y 100 millones de dólares y calculó pasivos que irían de 100 a 500 millones de dólares.

Malooly dijo que hace tres años su predecesor, el fallecido obispo Michael Saltarelli, reveló los nombres de 18 sacerdotes diocesanos que admitieron, corroboraron o confirmaron de alguna manera las acusaciones de abusos a menores.

"Toda esa información está en los registros judiciales de los casos que irán a juicio el 19 de octubre, y creemos que no surgirá ningún hecho significativo en los procedimientos", declaró Malooly.

Malooly, que fue nombrado el año pasado, dijo que la diócesis había estado negociando un acuerdo con todos los demandantes. Cuando las negociaciones fracasaron, y al acercarse el inicio de los juicios, el sacerdote dijo que se tomó la decisión de solicitar una protección por quiebra.

La archidiócesis de Portland (Oregón) fue la primera en solicitar este tipo de protección en 2004, seguida por la diócesis de San Diego, Tucson (Arizona), Spokane (Washington), Davenport (Iowa) y Fairbanks (Alaska).

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