Las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción recurrirán en los tribunales el procedimiento que ha puesto en marcha el Ministerio de Industria para elegir el lugar donde se emplazará el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Los abogados de estas dos organizaciones ecologistas presentarán una demanda conjunta la próxima semana, probablemente el lunes, en la Audiencia Nacional, han explicado a EFE el portavoz Campañas Nucleares de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, y el responsable de Campañas Nucleares de Greenpeace, Carlos Bravo.

El escrito se basa en el Convenio Aarhus de Naciones Unidas, suscrito por la Unión Europea y ratificado por España en 2004, y que obliga al acceso a la información, justicia y participación públicas en la toma de decisiones en cuestiones medioambientales.

En declaraciones a EFE, Castejón ha explicado que la resolución de Industria "vulnera flagrantemente" la mayoría de los requisitos que impone el Convenio Aarhus.

"En primer lugar, el convenio establece que debe haber un periodo de información pública previa, que no ha existido; además, establece que tiene que haber una consulta pública para la ciudadanía, algo que tampoco ha existido, salvo, en el mejor de los casos, algún pleno municipal", denuncia Castejón.

Además, el Convenio Aarhus recomienda abrir un periodo de debate público, establece el derecho de la ciudadanía al acceso a medios legales para impugnar el proceso, y obliga a consultar a las principales organizaciones sociales, como ecologistas, agricultores, asociaciones de vecinos, empresarios, sindicatos, etc.

Sin embargo, la orden ministerial de Industria "no recoge ninguno de estos requisitos", advierte Castejón.

En opinión de los ecologistas, el único aspecto que no recoge la orden ministerial pero que sí se ha respetado es el derecho de los municipios concursantes a retractarse de su decisión, algo que ocurrió con El Ayuntamiento de Santiuste de San Juan Bautista (Segovia), que tras optar al ATC retiró su candidatura.

El pasado 5 de febrero, activistas de Greenpeace realizaron una protesta pacífica ante el Ministerio de Industria para pedirle a su titular, Miguel Sebastián, que anulara su "antidemocrático" proceso de búsqueda de un emplazamiento del ATC.

Ese día, Greenpeace anunció su intención de acudir a los tribunales si el Ministerio no replanteaba el proceso para ajustarse a la legislación vigente.