El Gobierno trabaja contrarreloj para aprobar una batería de medidas que den oxígeno a empresas rentables, pero altamente endeudadas, y que incluye como principal novedad la posibilidad de que estas compañías conviertan su deuda en capital, con ayuda de los bancos. En esencia, se trata de que las entidades financieras ayuden a empresas que, aunque muy endeudadas, mantienen resultados brutos de explotación (conocido como ebitda) positivos, mediante la capitalización de parte de su deuda.

La iniciativa no desagrada a las entidades financieras, que saben que si 'rescatan' o participan del capital de una empresa solvente sus posibilidades de recuperar su dinero son mucho mayores que mediante quitas o refinanciaciones. Por otra parte, supondría un añadido de prestigio y reputación a los bancos, que garantizarían la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas y ayudarían a la creación de empleo. En concreto, el Ministerio de Economía trabaja en una nueva ley mediante la que se creará un Fondo o Sociedad de capital riesgo (FCR/SCR) al que la banca traspasará la deuda 'no sostenible' de las empresas.

El proyecto en el que se recogen las bases de la creación de este nuevo vehículo se denomina Proyecto Midas, y en él se establece que la banca podrá cambiar la deuda de las empresas por capital, y acceder a una participación de control o 'co-control' en las compañías. Estas participaciones pasarán a un fondo o sociedad de capital riesgo, de forma que la banca sustituirá la participación directa en la compañía deudora por otra en el FCR o SCR. El fondo o sociedad sería gestionado por una sociedad gestora independiente, cuyo mandato de gestión lo otorgaría el citado vehículo en el que trabaja el Gobierno.

Tal y como se indica en el Proyecto Midas, la desinversión tendría lugar en un plazo máximo de entre 5 y 7 años. Además, la capitalización de la deuda de las compañías o su condonación por parte de la banca no tendrá impacto fiscal, según dice el texto.

No obstante, para desarrollar este nuevo vehículo, el Gobierno tendrá que tocar la ley financiera, la ley fiscal y la concursal, ya que las entidades quieren asegurarse de que hay un marco fiscal adecuado. Además, el Ejecutivo prevé aprovechar la tramitación actual del anteproyecto de ley por el que se regulan las entidades de capital riesgo, para flexibilizar el régimen de inversiones de estas entidades. De esta manera, las entidades de capital riesgo podrán invertir a través de cualquier forma de financiación en compañías aunque no participen en su capital.