La economía sumergida ha aumentado a un ritmo de 15.000 millones anuales durante la crisis, un 1,5% del PIB cada año. El volumen total del fraude en España  alcanza los 253.135 millones, el 24,6% del PIB. En 2008 eran 193.626 millones, el 17,8%. En total, la parte oculta de la economía española ha aumentado en 59.509 millones en estos años; una cifra similar a lo que ha perdido el PIB en esos años (unos 58.786 millones, de los 1,046 billones a los 1,029 de 2012).

La economía sumergida, así, representa casi la cuarta parte del PIB español (esto es, el valor de los productos y servicios producidos por los agentes económiocos). Esta cifra es muy similar a la de Italia, no muy lejana de la de Grecia y Turquía pero es mucho peor que países como Alemania, Francia, Dinamarca o Suecia. Esa es una de las principales conclusiones de un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), dirigido por el profesor Jordi Sardà, de la Universidad Rovira i Virgili, que este martes ha presentado en un desayuno informativo en Madrid.

Las causas de este fuerte repunte de la economía sumergida se deben al efecto de arrastre que provocó el boom del ladrillo; el aumento del desempleo;  el uso masivo de 500 euros; y también 'un grave problema de moralidad con el pago de impuestos': Carlos Cruzado, presidente de Gestha, aseguró que los gobiernos, este y los anteriores, 'miran hacia otro lado con la economía sumergida'.

El mayor aumento del fraude se da en aquellas comunidades autónomas más castigadas por el colapso del sector inmobiliario y el aumento del desempleo. Extremadura (31,2% de su PIB), Andalucia (29,2%), Castilla-La Mancha (29,1%), Canarias (27,9%), Pais Valencià (26,5%) son las mas elevadas. Sólo cuatro estan por debajo media nacional: La Rioja, Aragón, Cantabria, y Madrid. Catalunya esta justo en la media (24,6%).

 El documento destaca el caso de la Comunidad de Madrid con una tasa de economía sumergida 'llamativamente baja' del 17,3 % del PIB, lo que atribuye a la elevada concentración de grandes fortunas y de grandes empresas nacionales y extranjeras, que concentran el pago de impuestos por sus actividades en esta comunidad, mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías. Gestha señala que en Madrid tienen su sede el 60 % de las cien mayores corporaciones empresariales de España, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos con prácticas fiscales 'abusivas' como las exenciones fiscales.

Para hacer frente a la reducción de la economía sumergida, los responsables de Gestha apelaron a la necesidad de realizar estudios oficiales por parte del Gobierno para conocer el verdadero volumen del fraude, alentar la conciencia ciudadana sobre esta lacra social igual que se ha hecho con el tema de los accidentes de tráfico, o aprovechar la reforma fiscal para aprobar un sistema tributario que consagre el principio del pago de impuestos según la capacidad económica.

Ampliar y mejorar los recursos de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, mejorar la coordinación de la Agencia Estatal con las autonómicas, un mayor control del gasto público, cambios impositivos para reducir la ingeniería fiscal de las grandes empresas y limitar a 1.000 euros el pago en efectivo son otras de las propuestas que realiza Gestha.

Frente a estas medidas, Carlos Cruzado lamentó que los últimos acontecimientos de la Agencia Tributaria demuestran que no se trata a todos los contribuyentes por igual, como sus actuaciones en relación a la Infanta Cristina, la condescendencia con las deudas de los clubes de fútbol, la segunda oportunidad que se dio a los contribuyentes con dinero oculto en el HSBC o el cese de una inspectora por una sanción a la multinacional Cemex.