El Pentágono presentó hoy los cargos más serios en relación a los atentados del 11-S contra seis detenidos en Guantánamo, entre ellos el presunto cerebro del complot terrorista, y pidió para ellos la pena de muerte.

La acusación se lleva a cabo siete años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania, en los que murieron casi 3.000 personas.

La decisión fue anunciada en rueda de prensa por el asesor de Asuntos Legales del Departamento de Defensa de Estados Unidos, brigadier general Thomas Hartmann.

Esta es la primera vez que la junta militar de Guantánamo presenta cargos contra detenidos directamente involucrados en los atentados del 11-S y la primera ocasión en la que pide la pena de muerte.

Los fiscales militares presentaron cargos contra Khalid Shaikh Mohammed, considerado el cerebro de los atentados; Mohammed al-Qahtani, el hombre bautizado como el "20 secuestrador" que nunca llegó a participar físicamente en los ataques; y Ramzi bin al-Shibh, el principal intermediario entre los secuestradores que derribaron los aviones y los líderes de Al Qaeda.

También formularon cargos contra Ali Abd al-Aziz Ali, conocido como Ammar al-Baluchi, un sobrino de Mohammed, identificado como su lugarteniente en las operaciones del 2001, así como contra Mustafa Ahmed al-Hawsawi y Walid bin Attash, quienes habrían participado en distintas tareas como el entrenamiento de los terroristas del 11-S.

Cada uno de los seis acusados afronta cargos por conspiración, asesinato, atentar contra ciudadanos y objetos civiles, destrucción de propiedades, terrorismo y apoyo material al mismo.

Cuatro de los imputados fueron acusados además de secuestro de aviones, según consta en la argumentación de la fiscalía que detalla 169 delitos de los seis detenidos y sus socios en el marco del 11-S.

Los fiscales enviarán ahora su solicitud a la autoridad responsable de las comisiones militares que revisará los cargos y las pruebas para determinar si existe causa para celebrar un juicio.

El fiscal general encargado del caso ha pedido a la supervisora de las juntas militares, Susan Crawford, que los seis detenidos sean juzgados conjuntamente y que todos reciban la pena capital.

"Si (ella) decide trasladar el caso como tal, los acusados afrontarán la posibilidad de ser condenados a pena de muerte", explicó Hartmann.

Preguntado por el calendario previsto, Hartmann adelantó que el juicio podrá comenzar 120 días después de que Crawford haya transferido el caso a la junta militar, lo que significa que el proceso se podría iniciar entre mayo y junio.

Khalid Shaikh Mohammed es el principal acusado en este caso. El paquistaní confesó haber planeado cada detalle del 11-S.

Mohammed fue sometido a la técnica de interrogatorio del "waterboarding" o "asfixia simulada", un método considerado tortura por varios organismos y defensores de derechos humanos.

El utilizar su confesión como prueba en el juicio podría ser problemático, dado el método aplicado para conseguirla.

Esta cuestión la tendrán que tratar en su momento la fiscalía, la defensa y el juez militar, indicó Hartmann.

La CIA admitió en diciembre que había destruido en 2005 cintas de vídeo de interrogatorios coercitivos realizados en 2002 a sospechosos terroristas, entre ellos Mohammed.

De acuerdo con Hartmann, no habrá juicios "secretos" y "cualquier" prueba será trasladada a la defensa.

Las audiencias serán, en principio, abiertas, salvo en "circunstancias en las que se presenten pruebas clasificadas". Sin embargo, a las mismas no asistirán los familiares de las víctimas, que podrán seguir los procesos por circuito cerrado de televisión.

El portavoz del Pentágono, Bryan Whitman, calificó el anuncio de hoy de "hito" legal desde que la Base de Guantánamo se convirtió en un gran centro de detención de supuestos terroristas, donde aún permanecen 275 presos.

Desde 2004 las juntas militares han celebrado una docena de audiencias preliminares de un total de 12 detenidos.

Bajo el Acta de Comisiones Militares de 2006 uno de los presos fue declarado culpable el año pasado por prestar apoyo material al terrorismo.