“Espero no encontrar ningún banco que haya amañado sus libros para intentar conseguir dinero, pero no creo que ese vaya a ser el caso”, se lamenta el encargado de supervisar el programa de rescate financiero del Gobierno estadounidense, Neil Barofsky.

El responsable del Programa de Alivio de Activos Problemáticos (TARP) declaró al Financial Times que está buscando pruebas sobre las irregularidades de algunos bancos para acceder a los casi 600.000 millones de euros que el Tesoro puso a disposición del sector. Grandes entidades como Citigroup o Goldman Sachs, así como cientos de bancos regionales recibieron fondos del plan de rescate para reconstruir sus balances, y Barofsky cree que algunos podrían haber manipulado el valor de sus activos y pasivos para acceder a las ayudas. Además, el ex fiscal de Nueva York advirtió de que la decisión de extender el programa orientado a estimular el préstamo a consumidores y pymes (TALF) para incentivar la compra de activos tóxicos de los bancos podría poner dinero público detrás de inversiones respaldadas por hipotecas fraudulentas.

Por otro lado, The Wall Street Journal publicó ayer que la comisión que supervisa los planes de rescate ha abierto una investigación sobre las prácticas de préstamos de las entidades que recibieron ayudas estatales, tras las quejas de numerosos clientes sobre subidas de intereses y comisiones.

Desde que la Administración Bush puso en marcha el TARP el pasado octubre, algunos de los bancos a los que se inyectó capital han aumentado las comisiones de sus tarjetas de crédito y han elevado los intereses de sus préstamos. La presidenta de la comisión supervisora, Elizabeth

Warren, denunció que “las personas que subvencionan las actividades de los bancos con sus impuestos son las mismas que están proporcionándoles altos beneficios a través de los créditos al consumo”, pero entidades como Bank of America o Citigroup se defendieron alegando que, para seguir ofreciendo productos y servicios competitivos, deben “ajustar sus precios”.