Estados Unidos propuso la posibilidad de imponer nuevas sanciones de Naciones Unidas contra Sudán para apremiar al Gobierno de Jartum y a los grupos armados rebeldes a que retomen las estancadas negociaciones de paz en el conflicto de Darfur.

"El uso de sanciones delimitadas puede proporcionar a los mediadores instrumentos para poner al margen a quienes tratan de descarrilar" el proceso de paz, dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, en un comunicado.

Además, señaló, las sanciones "pueden y deben ser un elemento importante de los esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar la paz y la seguridad".

Rice condenó "las descaradas violaciones por parte de todos los bandos del embargo de armas, la continuación de la violencia sexual y de género, y los bombardeos aéreos del Gobierno de Sudán".

Asimismo, consideró que estas acciones socavan el progreso de las negociaciones, la estabilidad de Darfur y la labor de la misión de paz conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID).

"Una mejor implementación del embargo de armas podría reducir de manera significativa el flujo de armas hacia todos los bandos implicados en el conflicto de Darfur", agregó.

EEUU difundió el comunicado de la embajadora tras una reunión que el Consejo de Seguridad celebró con los técnicos que supervisan las sanciones impuestas al país africano en la resolución 1.591 de 2005.

El grupo de expertos denunció el mes pasado en un informe decenas de supuestas violaciones de las restricciones internacionales cometidas por el Gobierno de Jartum y los grupos armados que se disputan la soberanía de la región occidental de Sudán.

El documento señaló que todos los bandos han trasladado de manera ilegal armamento, municiones, aviones de combate y vehículos militares a la zona del conflicto, en algunas ocasiones transportados por compañías privadas contratadas por el Ejército sudanés.

El conflicto de Darfur se inició en febrero de 2003, cuando dos grupos insurgentes se levantaron en armas contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.

Desde su inicio, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio de habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.