El ejército aún puede reclutarte

"El juez me preguntó si sabía que me estaban juzgando por cometer un delito. Le respondí que no, y le hice ver que yo estaba actuando según dictaba mi conciencia". El barakaldés Mariano Gómez tiene 46 años. Hace 25, decidió que por nada del mundo realizaría los nueve meses de Servicio Militar Obligatorio, aunque por ello tuviese que entrar a la cárcel. De hecho, su meditada apuesta le convirtió en uno de los primeros presos insumisos del Estado español. Un cuarto de siglo después, sigue tan convencido como entonces de la inutilidad de los ejércitos. "El problema -apunta- es que ahora hay una militarización de la sociedad mucho más silenciosa, pero no por ello menos efectiva".

Este jueves, Mariano y otros tantos miles de antimilitaristas conmemoran los 25 años del comienzo de la insumisión. El 20 de febrero de 1989 los primeros insumisos se negaron a realizar el servicio militar obligatorio Fue un 20 de febrero de 1989 cuando 57 jóvenes de distintos puntos del Estado español se presentaron en dependencias militares para anunciar que no harían la "mili". También se negaban a realizar la Prestación Social Sustitutoria, el castigo que el Estado reservaba para quienes se declaraban objetores de conciencia. Once de ellos ingresaron en diferentes prisiones castrenses, marcando el inicio de una catarata de rebeldía que ningún tribunal, ya fuese militar o civil, podría detener.

El 31 de diciembre de 2001, el gobierno de José María Aznar no tuvo más remedio que firmar la abolición del servicio militar, algo que desde La Moncloa optaron por denominar como "profesionalización del ejército". Para entonces, España ya era un ejemplo mundial de lucha contra los uniformes: a lo largo de esos 12 años de protesta social, 25 mil jóvenes se habían declarado insumisos. 1.670 de ellos fueron encerrados en distintas prisiones, acusados de deshonores patrios.

Durante aquella época, Euskadi fue uno de los lugares del Estado donde más fuerte ardió la llama de la insumisión. De acuerdo a las cifras aportadas por el colectivo antimilitarista Kakitzat, 12 mil vascos se sumaron a esta campaña de desobediencia civil. Luis Miguel García fue uno de ellos: entre abril de 1994 y junio de 1998, este vecino de la localidad vizcaína de Basauri entró y salió de la cárcel en varias ocasiones. Ni siquiera así lograron que renunciase a sus profundas convicciones. "Si hay algo de lo que no me arrepentiré nunca es de haber participado en este movimiento", afirma García a Público en un bar de la Margen Izquierda de Bizkaia, una de las zonas del País Vasco que más insumisos alumbró. Mariano Gómez, viejo compañero de batallas, asiente con la cabeza.

Dos décadas y muchos recuerdos después, estos dos antimilitaristas han mostrado su apoyo al "manifiesto por una sociedad desmilitarizada" difundido por Kakitzat para conmemorar este aniversario. En ese texto, el histórico grupo antimilitarista vasco reafirma su compromiso a favor de un mundo "libre de la lacra de los ejércitos y los gastos militares". También exige "la conversión de la industria militar en civil", al tiempo que denuncia que en este territorio "se sigue fabricando armamento, financiado por generosas subvenciones públicas".

La última amenaza

Asimismo, este movimiento ha aprovechado las bodas de plata de la insumisión para alertar sobre uno de los cartuchos que aún guarda el Estado para convertir a civiles en soldados: el Reglamento para Reservistas -aprobado a través del Real Decreto 383/2011- establece que los jóvenes de entre 19 y 25 años -ya sean hombres o mujeres- pueden ser movilizados de forma obligatoria en caso de que las "necesidades de Defensa Nacional" así lo requieran, previa solicitud del gobierno de turno al Congreso de los Diputados. Esa misma norma contempla la posibilidad de que los reservistas se declaren objetores de conciencia, tal como ocurría en los años de la mili. En ese caso, los desobedientes serían obligados a "prestar servicio en los puestos específicos de las organizaciones con fines de interés general para la defensa que no requieran empleo de las armas".

Los insumisos consideran que los ejércitos y los gastos militares son una lacra

A criterio de Kakitzat, este decreto fue creado para "dar apoyo y cobertura a las políticas armamentísticas que sólo traen a los pueblos sufrimiento, guerra y destrucción", aspectos que juzga incompatibles "con el desarrollo de unos mínimos valores de solidaridad y de defensa de los derechos humanos". "En definitiva -subraya este colectivo-, se pretende impulsar una cada vez más evidente militarización de nuestro territorio: campos de tiro de la OTAN, acuartelamientos e instalaciones militares, fábricas de armas, maniobras del ejército, aumento del gasto militar...".

Sentados en la mesa de un bar, Mariano Gómez y Luis Miguel García ironizan sobre los supuestos escenarios en los que el Estado podría recurrir a este polémico decreto. "Si se les ocurre meternos en una guerra por el petróleo, o porque Cataluña se declare independiente... Constitucionalmente, el ejército es el garante de la unidad del estado, y cualquiera de nosotros estamos incluidos en esa posibilidad", destaca García. "Es una barbaridad, y tenemos que seguir rechazándolo", añade Gómez.

Menos armas, más sanidad

La abolición de esta norma no es el único reto que se plantean los antimilitaristas. "Exigimos a las diferentes administraciones que respeten la voluntad popular y transformen las instalaciones militares en equipamientos sociales", sentencia el manifiesto de Kakitzat, en el que también proponen "destinar el ingente gasto militar al desarrollo de servicios públicos tan necesarios como la sanidad, la educación, la vivienda, las prestaciones sociales o el apoyo a las personas dependientes". "Con estas actuaciones estaríamos dando pasos para la atención de las verdaderas necesidades de nuestra sociedad", subrayan.

Mariano Gómez está plenamente convencido de que estas reivindicaciones son tan necesarias como posibles. "El movimiento de la insumisión demostró que la gente corriente, los que no somos nadie, podemos cambiar las cosas -comenta-. Hace 25 años empezamos a ganar una pequeña batalla; ahora hay muchas injusticias, y los de abajo tenemos que revelarnos". La verdadera guerra, asegura, aún no ha terminado.