Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) volvieron a crecer en 2007 (un 2,1 con respecto al año anterior), por lo que España supera ya en un 52,6 por ciento las emisiones de 1990, año de referencia en el Protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático.

El Gobierno ha remitido a la Unión Europea las emisiones verificadas de 2007, según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, que ha achacado su aumento a las aportaciones del sector de la generación eléctrica, y en concreto a la "anormalmente baja" contribución ese año del sector nuclear.

Esa baja aportación fue sustituida por combustibles fósiles, según la misma fuente, que ha destacado no obstante que la mayor parte del incremento de la demanda fue cubierto ese año con el aumento de la producción de energías renovables, especialmente energía eólica.

El Protocolo de Kioto establece que España no deberá, cuando acabe el periodo de aplicación del mismo (final de 2012), superar en más de un 15 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero de 1990.

Según las cifras del Gobierno, los datos oficiales, basados en la prospectiva sectorial y las nuevas previsiones económicas, apuntan que las emisiones de gases de efecto invernadero medias en España para el quinquenio 2008-2012 superarán en un 36,6 por ciento las emisiones de 1990.

La planificación del Gobierno prevé estabilizar el aumento de los GEI en un 37 por ciento al final del periodo de aplicación del Protocolo de Kioto, gracias a las medidas que se han puesto en marcha para reducir la contaminación en los sectores como el transporte o residencial.

Para compensar ese 22 por ciento de exceso (Kioto sólo permite a España aumentar un 15 por ciento sus emisiones), el Gobierno prevé reducir otro 20 por ciento mediante los Mecanismos de Flexibilidad (como inversiones en terceros países que contribuyan a reducir la contaminación) previstos en el acuerdo internacional.

El 2 por ciento restante se lograría, según el Gobierno, gracias a los "sumideros" (el papel que juegan los bosques para "absorber" el dióxido de carbono y evitar que éste llegue a la atmósfera).

El informe sobre las proyecciones de emisiones que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente para calcular cómo evolucionarán esas emisiones durante los próximos años toma como referencia el cambio "significativo" en la producción energética española.

Ese cambio está caracterizado, según el Ministerio, por el incremento del peso de las energías renovables, por una mayor racionalización del consumo primario de energía y una mejora de la eficiencia en los sectores industriales.

El Ministerio ha destacado que las proyecciones apuntan a un mantenimiento de esa tendencia, lo que marca un "claro desacoplamiento" entre el crecimiento económico y el consumo energético en España durante los últimos años.

La energía consumida, según Medio Ambiente, procede de manera creciente de fuentes renovables y se ha detectado un estancamiento, en los últimos meses, de los consumos energéticos en el sector de transporte por carretera.

El informe que ha presentado España ante la UE establece tres escenarios distintos: uno tendencial (si no se adoptaran medidas); el escenario base (con la aplicación de medidas adoptadas por el Gobierno la pasada legislatura), y el escenario objetivo (con medidas adicionales recientemente incorporadas, que incluyen las de comunidades autónomas).

Este último apunta unas emisiones de gases de efecto invernadero medias en el quinquenio de 2008-2012 de 395.785 kilotoneladas de dióxido de carbono, lo que supondría un aumento de esas emisiones del 36,58 con respecto al año base de 1990.

Las ya verificadas correspondientes a 2007 sitúan las emisiones de GEI en 442.322 kilotoneladas, lo que supone un incremento del 2,1 por ciento respecto al año anterior

El Ministerio ha resaltado la influencia relevante del sector del transporte en el aumento de los gases, ya que este sector aumentó esas emisiones en un 3,4 por ciento en 2007.

En los sectores industriales se ha observado una estabilización de las emisiones en 2007, según la misma fuente, que ha precisado que la caída del precio del derecho de emisión en la fase final del periodo 2005-2007 ha supuesto "una falta de incentivo" para la reducción de las emisiones por parte de muchas empresas o sectores.

Pero el Ejecutivo ha advertido de que se trata de una situación que "en ningún caso se dará en periodos sucesivos".