Special Events SL, empresa matriz de la trama Gürtel, se convirtió en 2004 en el principal acreedor de Fundescam, la fundación del PP madrileño que financió actos electorales de Esperanza Aguirre. Así lo demuestran las cuentas de Fundescam, entregadas a Público previo requerimiento notarial, donde la fundación reconoce deber a Special Events 70.644 euros, el 64% de la deuda acumulada por la fundación ese año, que ascendió a 110.683 euros.

Como ha venido informando Público desde mayo, Special Events endosó a Fundescam facturas por gastos de la campaña del PP de las autonómicas de 2003 y de las generales de 2004. Special Events también cargó a la fundación del PP madrileño los gastos de la organización del congreso regional del partido de noviembre de 2004: el cónclave que consagró a Esperanza Aguirre al frente del PP de Madrid. En total, Special Events endilgó a esta fundación facturas del PP por un importe global de 301.094 euros.

Special Events copó el 64% de la deuda acumulada por la fundación ese año

La memoria de Fundescam de 2004 apunta a Special Events en la lista de acreedores a corto plazo. En el balance de 2005, la firma ya no aparece en esa relación, lo que, en teoría, indica que la deuda fue liquidada. Sin embargo, Special Events demandó al PP a finales de 2005 porque aún no había cobrado todas las facturas pendientes por las campañas de Aguirre en 2003.

Antes del juicio, Pablo Crespo, socio de Correa y ex secretario de organización del PP gallego, entregó a la dirección del partido un comprometedor documento: un listado de facturas emitidas por Special Events contra Fundescam y el PP entre 2002 y 2004 que distingue entre el 'concepto real' (los gastos de la campaña) y el 'concepto factura', donde no se mencionan las elecciones.

La conexión de Correa con el PP se vio reforzada tras la victoria de Aguirre

Según ese listado, Special Events cobró gastos electorales de Fundescam, que después fueron maquillados en las facturas bajo otros conceptos, como cursos o viajes. Después que de que Crespo entregase ese documento, el PP aceptó pagar las facturas pendientes y la demanda judicial se cerró de mutuo acuerdo.

La conexión del grupo de Correa con el PP madrileño se vio reforzada con la llegada de Aguirre al poder. Las propias cuentas de la fundación señalan en esa dirección: Special Events ya aparecía en 2002 como acreedor de Fundescam, pero la deuda (16.732 euros) era muy inferior a la reflejada en el balance de 2004.

El colaborador de la presidenta López Viejo adjudicó 76 contratos a la trama

Presidenta de la Comunidad tras las segundas elecciones autonómicas de 2003 celebradas en octubre tras el tamayazo, Aguirre tuvo como escudero electoral a quien luego habría de erigirse en uno de los grandes adjudicadores de contratos a las empresas de la trama Gürtel: Alberto López Viejo. El ahora imputado fue director adjunto de su campaña de octubre, viceconsejero de Presidencia entre 2004 y 2007 y después consejero de Deportes hasta que se vio obligado a dimitir tras conocerse su relación con la red Gürtel.

Entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005, López Viejo adjudicó a dos sociedades de la red corrupta, Easy Concept y Good and Better, 76 contratos a dedo por 576.000 euros. Pero las adjudicaciones comenzaron antes incluso de que López Viejo accediera a la viceconsejería de Presidencia. Ese dato desbarata la tesis, insinuada por el equipo de Aguirre, según la cual la responsabilidad de esas contrataciones comenzó y acabó en el todavía diputado del PP.

La empresa tuvo problemas para cobrar las facturas que endosó al PP

No sólo la Comunidad de Madrid benefició a la red. Como ya había hecho en 1999, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entonces presidida por Rita Barberá, encomendó en 2003 a Special Events organizar la asamblea estatal de la federación; sólo por ese encargo, la empresa cobró 570.000 euros.

En 1999, la FEMP ya había asignado a Special Events la organización de su asamblea. La empresa facturó en aquella ocasión 232.305 euros. Pese a que sólo esos dos contratos le reportaron 802.000 euros, hubo más: bajo el mandato de Barberá, otra empresa del holding de Correa, Pasadena Viajes, facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003.

Al camuflar facturas de Special Events a través de Fundescam, así como al presentar las donaciones (casi un millón entre 2003 y 2004) como destinadas a cubrir actividades de la fundación, los conservadores habrían logrado un objetivo clave: esquivar los preceptos legales que, aun con lagunas, acotan la financiación de partidos.

El presunto uso de Fundescam para encubrir gastos electorales es ilegal

La Ley Electoral (Loreg), por ejemplo, no sólo fija límites al gasto permitido a las candidaturas sino que les prohíbe recibir aportaciones de una misma persona física o jurídica cuyo importe supere los 6.000 euros. Y la Ley de Financiación de Partidos vigente hasta 2007 vetaba la recepción directa o indirecta de donaciones entregadas por contratistas de cualquier Administración. Algunos donantes de Fundescam eran contratistas públicos. Luego, lograron de Aguirre 300 millones de euros en contratos.