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Una empresa vinculada a la trama Lezo explotará una incineradora con 400 millones de sobrecoste

El movimiento social que rechaza la construcción de una planta de quema de residuos en Gipuzkoa intenta que la Comisión Europea frene las obras por el “fraude” que implica el modelo de contratación elegido. Este domingo volvieron a sacar su protesta a las calles de Donostia.

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Protesta en Donostia contra la incineradora.- @ErrausAurkMugi

Los vecinos de Zubieta aún no se acostumbran a ver el nombre de su pequeño pueblo una y otra vez en pancartas, telediarios y periódicos. Allá donde antes no pasaba nada, ahora se construye una de las obras más caras y polémicas del Estado. Este punto del territorio guipuzcoano, situado a un salto de Donostia, acogerá una gigantesca incineradora de residuos. Será grande en tamaño, pero también en el precio: sus detractores aseguran que costará entre 350 y 400 millones de euros más de lo que realmente podría haber significado.

En medio de este terremoto aparece otro nombre ya habitual en los informativos españoles. La empresa Urbaser, implicada en la trama Lezo —nombre dado a una red de corrupción que afecta a cargos del PP en Madrid—, forma parte de la UTE de empresas que consiguió la adjudicación de las obras. Además, se encargará de la explotación de esas instalaciones durante 35 años.

La adjudicación, cuyo importe alcanza los 1400 millones de euros, fue realizada a finales de 2016 por los representantes de PNV y PSE en el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK, por sus siglas en euskera), desoyendo así las críticas sociales, medioambientales y políticas —sólo PNV y PSE la defienden abiertamente— que despertaba ese proyecto. Los trabajos de construcción ya se han ejecutado en aproximadamente un 50% y, según previsiones oficiales, acabarán a principios del verano de 2019.

Este domingo, esa ola en contra de la incineradora de Zubieta volvió a dejarse ver en Donostia, donde realizaron una cadena humana coincidiendo con las multitudinarias Regatas de La Kontxa. “Se viene un otoño caliente”, avanzó a Público uno de los participantes, Joseba Belaustegi, quien además ejerce habitualmente como portavoz de GuraSOS, una asociación de madres y padres que rechaza la construcción de la planta de quema de basura cerca de los pulmones de sus hijos.

Belaustegi acaba de llegar de Bruselas, donde volvió a contar a quien quisiera escucharle que la Diputación Foral de Gipuzkoa (en manos del PNV, que gobierna en coalición con el PSE) está construyendo una incineradora por encima de sus posibilidades. La clave —o al menos la más importante— está en el complejo modelo de adjudicación empleado a la hora de otorgarle el contrato a la UTE en la que participa Urbaser y que también está compuesta por el grupo inversor francés Meridiam Investments y por cuatro empresas constructoras guipuzcoanas —Altuna y Uria, Murias, Moyua y LKS Ingeniería— que se encargan de levantar esta auténtica mole.

“Para salvar los límites de endeudamiento, han utilizado la figura de la concesión de obra pública, cuando en realidad aquí el socio privado no va a tener que asumir ningún riesgo e incluso recuperará toda la inversión”, aseguró Belaustegi tras estudiarse minuciosamente los términos de este proceso público. Por tales motivos, sostiene que se trata de un “fraude de ley”. En efecto, este modelo de contrato público-privado ha sido severamente cuestionado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que en febrero pasado emitió un informe en el que señalaba que ese procedimiento administrativo “solo sirve para burlar los límites de endeudamiento de las administraciones públicas”, citó el portavoz de GuraSOS.

En el caso de Zubieta, sus opositores advierten que el sobrecoste derivado de ese modelo de adjudicación ronda entre los 350 y los 400 millones de euros. “Se lo voy a decir de otra forma. Si la administración hubiese encargado un contrato de obra a una constructora para que hiciera este proyecto y, por otro lado, hubiese realizado otro contrato para que se prestase el servicio, el precio sería 400 millones de euros más barato. Por eso mismo, decimos que aquí ha salido un 30% más caro”, resumió Belaustegi.

Sustancias cancerígenas

Además de las pérdidas económicas, el frente social y ecologista que se opone a este proyecto denuncia los graves riesgos que implicará para la salud. De acuerdo a un informe pericial recientemente elaborado por dos integrantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —uno de ellos es Eduard Rodríguez Farré, representante de España en la Comisión científica de la Unión Europea para los Nuevos Riesgos para la Salud—, observaron “insuficiencias” en la autorización ambiental de este proyecto. “De hecho, concluyeron que doce sustancias cancerígenas o que afectan a la reproducción humana van a ser emitidas sin control alguno”, indicó el portavoz de GuraSOS.

Recién llegado de Bruselas, Belaustegi confía en que este proceso podrá pararse en Europa. “Si conseguimos que se modifique la caracterización de la operación como deuda pública en vez de deuda del privado, eso conllevaría la suspensión inmediata de las obras. También vamos a buscar que la Comisión Europea se considere que no es un contrato de concesión, sino de obra, lo cual supondría la rescisión del contrato”, afirma este padre. La batalla por la salud de sus hijos está lejos de terminar.