Las empresas francesas discriminan por la etnia

La discriminación por motivos raciales practicada por las empresas existe de forma generalizada en Francia. Eso es lo que se desprende del informe anual presentado ayer en París por la Alta Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones y para la Igualdad (Halde), un organismo oficial independiente creado en 2004 por decisión del entonces presidente, Jacques Chirac.

El presidente de la Halde, Louis Schweitzer, indicó que de las casi 7.800 demandas recibidas y tramitadas por la Halde en 2008, el 29% procedían de una persona que se sentía discriminada por sus orígenes étnicos, identificados mediante el color de la piel, el apellido o el origen.

Los orígenes étnicos de la persona discriminada se convirtieron así, un año más, en la principal causa de trato diferencial y perjudicial de los ejercidos en Francia, muy por delante de la discriminación causada por una minusvalía (21% de los casos).

La Halde subrayó que, según sus cálculos efectuados a partir de las denuncias recibidas, los casos de discriminación en materia de empleo en el sector privado representan proporcionalmente el doble de los del sector público. Esa diferencia podría explicarse por el reclutamiento vía oposiciones en los puestos estatales, frente al reclutamiento por candidatura y currículum en el sector privado.

No obstante, el hecho que las discriminaciones por origen sigan existiendo da crédito a quienes denuncian la falta de combatividad del presidente Nicolas Sarkozy, que en 2007, una vez elegido, afirmó: "No acepto que nuestros jóvenes sean discriminados a causa del color de su piel".

Con el pretexto de dotarse de medios para luchar contra las discriminaciones, Sarkozy está moviendo peones para legalizar las estadísticas étnicas de la población, hasta ahora prohibidas. La semana pasada, el presidente francés recibió un informe del Comisario para la Diversidad que él ha nombrado, Yazid Sabeg, que se posiciona a favor de la creación de estadísticas étnicas, aunque de momento coloca la salvaguardia de que sean "anónimas y voluntarias". El presidente de la Halde está en contra, y el debate arrecia en Francia.

Elecciones europeas

Además, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, está empeñado en aprobar antes de las elecciones europeas de junio una ley que convertiría en delincuentes a los inmigrantes sin papeles. Ayer obligó al centenar de diputados de su propio partido que han protestado por esta ley a votarla. Así que las enmiendas más polémicas salieron adelante en la Cámara de Diputados (315 votos a favor y 258 en contra) y hoy se votará el texto entero antes de pasar al Senado.

El texto no sólo criminaliza a los inmigrantes sin papeles, sino que obliga a la sociedad a convertirse en delatora. A quién ayude a estas personas o les de trabajo le pueden caer hasta tres años de cárcel. Sólo quedan excluidos los médicos y las escuelas. El delito de inmigración ilegal comportará multas de entre 5.000 y 10.000 euros. Los inmigrantes que sean detenidos podrán quedar recluidos hasta seis meses, ahora el máximo son dos. Y los que entren de forma regular tampoco tendrán las cosas fáciles: pedir un permiso de residencia costará entre 80 y 200 euros.

La oposición ha calificado la ley de "racista", la sociedad civil denuncia que viola derechos fundamentales, y hasta la iglesia italiana ha criticado que el Gobierno olvide los principios básicos de la integración social. Berlusconi no les escucha: tiene prisa porque no quiere perder terreno ante el partido xenófobo Liga Norte, muy bien situado en las encuestas.

Al primer ministro no le importan las críticas y ha activado esta semana un acuerdo con Libia para que se quede a los inmigrantes que se descubran en alta mar. Italia ya ha devuelto a Libia dos barcazas con 500 inmigrantes, ante las críticas de la ONU.