ERC demanda al Estado en Europa por el secreto de las cuentas del rey

ERC recurrirá a la última instancia que le queda, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para que la opinión pública pueda conocer cuánto y de qué manera la Casa Real gasta el dinero que recibe de los impuestos de los ciudadanos.

El diputado Joan Tardà presentará el miércoles en Estrasburgo un recurso contra el Estado español por vulnerar su "derecho a un proceso equitativo". La iniciativa jurídica llega después de que, escudándose en la inviolabilidad del rey que fija la Constitución en el artículo 56.3, la Mesa del Congreso primero y el Tribunal Constitucional después se negaran a tramitar iniciativas para poner fin a la "opacidad" de la institución.

Cien preguntas sin respuesta

Hace dos años, el diputado presentó 100 preguntas al Gobierno para conocer asuntos relacionados con el rey y la institución monárquica. Las cuestiones abordaban la fiscalidad, el uso del patrimonio del Estado, los ingresos atípicos al margen de la asignación de los Presupuestos o la competencia lingüística. También redactó una proposición no de ley instando al ejecutivo a presentar cada año una liquidación de la asignación directa del ejercicio anterior en los Presupuestos.

Sendas iniciativas fueron rechazadas hasta en dos ocasiones por la mesa con votos de PSOE, PP y CiU. Posteriormente el TC negó a finales de 2008 el amparo a Tardà.

El diputado señala el "contrasentido" de que el Congreso no pueda saber cómo se gasta una partida que aprueba año tras año "y que es la única relacionada con la Casa Real de la que se sabe el importe". Para 2009 son casi 9 millones de euros, un 2,7% más que en 2008. "Los Borbones son tan impúdicos que, a diferencia del resto de cargos públicos no se han congelado el sueldo en tiempo de crisis", denuncia Tardà antes de referirse al "agujero negro" de todo lo que envuelve a la monarquía.

ERC ya intentó sin éxito recabar la opinión del Gobierno sobre las polémicas actividades cinegéticas de Juan Carlos I en países del este.

El TC rechazó amparar a Tardà en su intento de fiscalizar a la monarquía y sus cuentas. Pero no lo hizo con unanimidad. El magistrado progresista Pablo Pérez Tremps formuló un voto particular discrepando de que el asunto no tuviera "trascendencia constitucional".

Se mostró contrario a que la mesa del Congreso no aceptara preguntas, pero admitía la posibilidad de que después no se contestaran.

En el voto particular de Tremps, ERC observa una "brecha inaudita" que les puede dar alas ante el TEDH.