La imputación por presunta corrupción del alcalde de Elche y número dos del PSOE valenciano, Alejandro Soler, el pasado miércoles, ha llegado en el peor momento para su partido. Hasta ese día, el PSOE valenciano estaba viviendo uno de sus periodos más optimistas. Tras 15 años en los que la formación ha encadenado una derrota electoral tras otra, los socialistas presenciaban cómo Francisco Camps, presidente valenciano, se veía envuelto en el escándalo de una vasta trama de corrupción que operaba, como mínimo, en Madrid y Valencia y que obtuvo millones de euros mediante contratos supuestamente amañados: el caso Gürtel.

Además, comprobaban cómo el líder conservador se enroca en su propio silencio, sin dar explicaciones sobre los numerosos indicios que enturbian su gestión ni permitir preguntas a la prensa. En ese contexto, el nuevo secretario general socialista, Jorge Alarte, elegido hace poco más de cinco meses, podía permitirse reprochar al presidente su falta de transparencia y presentarse ante la ciudadanía como la única opción de cambio capaz de mantener la limpieza de las cuentas públicas.

Sin embargo, su trabajada imagen de líder coherente se vio seriamente amenazada ayer, cuando Alarte exhibió su resistencia a tomar cualquier medida disciplinaria contra su número dos ante las presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Elche. Su argumento para mantener en su puesto a Soler ha sido que el alcalde ya ha dado explicaciones y ha aceptado los errores cometidos. Un razonamiento que está lejos de satisfacer a la oposición local conservadora.

Los problemas de Soler comenzaron el 25 de febrero, cuando el PP presentó una querella contra él tras descubrir dos facturas de publicidad electoral que habían sido pagadas con dinero público. Desde entonces, se han descubierto otras siete facturas más que suman unmonto superior a 21.000 euros, según el PP. El dinero sirvió para financiar páginas de publicidad en un diario gratuito local durante la campaña electoral para las elecciones municipales de mayo de 2007, según ha reconocido el propio PSOE.

El PSOE ha reconocido la existencia de los pagos desde el primer momento, pero los achaca a un "error administrativo". El alcalde ha comparecido en repetidas ocasiones ante los medios de comunicación y ha repuesto el dinero. A principios de marzo, convocó una comisión extraordinaria de Hacienda, que sirvió para encontrar otras dos facturas. Además, encargó una auditoría externa de las cuentas municipales y se comprometió con Iniciativa per Poble Valencià, su socio de gobierno, a reforzar los controles de la facturación municipal.

La rápida reacción del regidor permitió a Alarte presumir durante semanas de la transparencia de su número dos frente a la escandalos del PP ante la falta de explicaciones de Camps. Pero, el miércoles, un juez de Elche admitió la querella del PP y llamó a Soler a declarar como imputado por presunta prevaricación y malversación.

Abierto el procedimiento judicial, las "explicaciones" del imputado dejaron de ser una salida digna a las irregularidades. Y desde hace dos días, Alarte tiene que enfrentarse a una misma pregunta: si va a forzar la dimisión de su número dos. La respuesta del secretario general ha sido, de momento, que no piensa en dimisiones y que apoya "por supuesto" a Soler, un hombre muy querido por pesos pesados del PSOE, como Leire Pajín o Ciprià Ciscar.

Su actitud ha dado munición a la derecha valenciana, cuyos líderes han bautizado el proceso como caso Elche. En los 23 días que han pasado desde que afloraron las facturas, el PP ha mandado 28 notas de prensa sobre el tema. Y los periodistas presencian cómo Ricardo Costa, número dos del PP y acusado de aceptar regalos de la trama Gürtel, pone en un aprieto al PSOE por un escándalo que, por lo que se sabe de momento, se circunscribe a Elche.

Soler no declarará ante el juez hasta el día 21. Hasta entonces, el PP le pondrá a Alarte más difícil la tarea de cargar contra la trama corrupta ligada a los conservadores. Y los periodistas ya no son tan bienvenidos: ayer, en una visita a las Fallas de Valencia ni Alarte ni su invitada, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, aceptaron preguntas.