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España acepta fallo UE pero precisa que puede actuar para asegurar suministro

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El Gobierno acepta la sentencia dictada hoy por el Tribunal de Justicia de la UE, que condena a España por no retirar varias de las condiciones a la opa de E.ON sobre Endesa, pero señala que la decisión judicial "no limita su capacidad de actuar en un futuro para garantizar el suministro energético".

Según explicaron a Efe fuentes gubernamentales, la sentencia no entra a analizar los argumentos que justifican las condiciones impuestas a E.ON ni la legislación en que se apoyan y se limita a juzgar la actuación del Gobierno en una operación de ámbito comunitario.

En 2006 se aprobó una ley que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en la que se apoyan los requisitos impuestos a E.ON.

Bruselas llevó esta norma a los tribunales europeos antes de que la CNE se pronunciara sobre la opa del grupo alemán, pero el Tribunal del Luxemburgo todavía no se ha pronunciado sobre este caso.

Desde el Ejecutivo recuerdan que la normativa europea reconoce la capacidad de los Estados miembros para intervenir con el objetivo de asegurar la seguridad del suministro energético.

En este sentido, el ministro de Economía, Pedro Solbes, lamentó esta mañana la contradicción de la normativa comunitaria en este punto, ya que permite a los países aducir razones de estrategia nacional para poner condiciones a una operación en el sector energético y en la práctica no las acepta.

Además, las fuentes consultadas señalaron que la sentencia tiene efectos "prácticamente nulos", no modifica la situación del sector y "elimina las condiciones de una operación que no se produjo".

Aunque E.ON aceptó las condiciones dictadas por Industria, que modificaban las acordadas previamente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), finalmente retiró su opa por Endesa tras cerrar un acuerdo con Enel y Acciona.

El Gobierno insiste en que no pudo acatar los requerimientos de la Comisión Europea porque la operación no llegó a concretarse.

El Ejecutivo español se reafirma en la necesidad de imponer estas condiciones para garantizar el suministro y considera que se ajustan a la normativa europea.