España volverá a exigir hoy a sus socios europeos que el futuro sistema de patente comunitaria no discrimine al español y suscite el consenso de los veintisiete estados miembros, y no sólo de unos cuantos.

Según confirmó a los medios en Bruselas el secretario de Estado español para la Unión Europea, Diego López Garrido, España rechaza la última propuesta al respecto presentada en julio por la Comisión Europea porque "no protege suficientemente el uso del español".

Para abaratar costes, el Ejecutivo comunitario ha propuesto reducir a tres -inglés, francés y alemán- las lenguas que se utilizarán a lo largo del proceso de registro de una patente con protección en toda la Unión Europea.

López Garrido dejó claro que España está a favor de que haya una patente comunitaria, porque "es un factor de competitividad y de progreso", pero debe estar basada, advirtió, "en la no discriminación lingüística".

"La Unión Europea es una realidad esencialmente multilingüe, ésa es una riqueza en Europa; por lo tanto, el régimen de patentes debe reflejar esa naturaleza y defender en su caso lenguas tan importantes como el español".

Las autoridades españolas argumentan que para las marcas y diseños comunitarios rige ya un sistema de cinco lenguas, que es el que aplica la Oficina europea de armonización del mercado interior, con sede en Alicante.

"Creemos que es importante tener en cuenta este precedente a la hora de la regulación de la patente comunitaria", comentó el representante español.

Además de la no discriminación, España reclama del futuro régimen que proporcione seguridad jurídica, con la aclaración de qué jurisdicción intervendrá en caso de litigios, y que sea "eficiente".

"La propuesta que hay encima de la mesa, presentada por la Comisión Europea, no nos parece suficiente", afirmó López Garrido.

Las ideas de la CE serán analizadas esta tarde, en Luxemburgo, por los ministros responsables del Mercado Interior, en la primera reunión formal que celebrarán desde que la propuesta fue presentada en julio al día siguiente de finalizar la presidencia de turno española de la UE.

"Desde luego, no protege suficientemente el uso del español, por eso no estamos de acuerdo; creemos que hay que ir a una propuesta que suscite el consenso de los veintisiete países miembros, no sólo de unos cuantos".

López Garrido advirtió de que las cuestiones lingüísticas relacionadas con el mercado interior "son asuntos a decidir por unanimidad, según el Tratado de Lisboa".

No cabría por ello, según este razonamiento, la opción barajada por algunos socios de seguir adelante en esta cuestión, que lleva décadas bloqueada, por medio de una "cooperación reforzada" en la que sólo un grupo de estados miembros adoptase la reglamentación propuesta por Bruselas.