Desde que Greenpeace ha mostrado el potencial de las energías renovables y estas se han erigido como la única alternativa posible ante la crisis energética, están sufriendo ataques desde muchos frentes.

Su avance, aunque imparable, puede impulsarse o frenarse en función de las decisiones políticas que se adopten. Basta recordar que hace no más de diez años la conexión de las placas solares fotovoltaicas a la red eléctrica estaba prohibida por 'razones de seguridad'.

Mucho han mejorado las cosas desde entonces, aunque algunos nubarrones parecen ensombrecer de nuevo su horizonte. En concreto, el Gobierno plantea limitar a través de un decreto su instalación a un máximo de 300 MW al año, lo cual ralentizaría su desarrollo sin motivo.

Según la industria, a final del año habrá 1.800 MW de solar fotovoltaica instalados. Una cifra tres veces superior a lo fijado en el Plan de Energías Renovables. Con buenas políticas de apoyo pueden llegar fácilmente a los 20.000 MW en 2020, lo cual equivale en potencia instalada a veinte centrales nucleares.

Para ello habría que instalar más de 1.000 MW al año. La razón del Ministerio de Industria para tratar de frenar su desarrollo es el coste excesivo en las tarifas que pagan los consumidores. Sin embargo, entendemos que en lugar de limitar la potencia a instalar, habría que controlar el gasto con revisiones periódicas de la tarifa de venta de cada kWh de fotovoltaica.

La propia industria considera que antes del año 2015 la fotovoltaica será rentable sin ayudas. No hay duda de la gran utilidad de la fotovoltaica para luchar contra el cambio climático: está disponible para su aplicación inmediata, crea empleo, genera actividad industrial, exporta tecnología española y es un acceso a la electricidad para personas que no disponen de ella.

* Director ejecutivo de Greenpeace España